El Gobierno canario impulsa la puesta en marcha de las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos

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El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes tramitar por la vía de urgencia una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Con la puesta en marcha de estas oficinas, el Gobierno de Canarias dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas quedarán adscritas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se configurarán como una unidad especializada y un servicio público cuya finalidad es prestar la asistencia y atención coordinada para dar respuesta a las víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.

El Gobierno de Canarias, en la legislatura 2015-2019, dejó aprobado el decreto 89/2019 por el que se regula la creación y organización de estas oficinas, pero no se le dio desarrollo en la pasada legislatura. El decreto establece, en concreto, la creación de dos oficinas de ámbito provincial, con sede en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, se podrán crear unidades administrativas de ámbito insular, municipal o por partido judicial cuando resulte necesario para la adecuada prestación del servicio de asistencia a las víctimas del delito y estarán integradas en las respectivas oficinas provinciales.

También establece el decreto que cada oficina contará con una estructura organizativa compuesta por un equipo técnico multidisciplinar y personal de apoyo integrado, como mínimo, por una persona profesional de la Psicología, una persona profesional del Derecho, por una personal profesional en Trabajo Social y una persona de apoyo administrativo.

Por todo ello, la efectiva puesta en marcha de este servicio público de asistencia a las víctimas de delitos está condicionada a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Presidencia mediante la creación de nuevos puestos, con la finalidad de disponer del personal necesario, que no es posible cubrir con los efectivos actuales por la dimensión y especificidad de sus funciones.

Por estas mismas razones, el Consejo de Gobierno, con el visto bueno de la Consejería de Hacienda, ha autorizado hoy que esa modificación de la RPT quede exceptuada de la regla establecida en las Directrices generales  en materia de gestión de recursos humanos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, permitiendo en este caso, de forma excepcional, la creación de puestos de trabajo no dotados presupuestariamente sin que comporte correlativamente la supresión o modificación de puestos no dotados.

La decisión tomada hoy permitirá a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Relaciones con la Justicia, proceder, lo más pronto posible, al inicio de la prestación de la asistencia y atención coordinada para dar respuesta a las víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa que sean necesarias.

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