La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, ha iniciado el proceso de inspección del cumplimiento de la única autorización de vertidos tierra mar vigente en el municipio, que se corresponde con el emisario localizado en la zona de Punta Brava.
La finalidad de la acción promovida desde la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático es contribuir a esclarecer los motivos que han obligado desde el pasado día 3 de julio al cierre de la zona de baño en Playa Jardín, por parte de la dirección General Salud Pública del Gobierno de Canarias, tras ser detectado una desproporcionada concentración de patógenos.
El director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, ha informado “hemos iniciado el procedimiento de comprobación de lo estipulado en la autorización con la que cuenta el emisario submarino por el que se evacúan las aguas tratadas en la estación de depuración del Valle de La Orotava, cuyo titular es el Consejo Insular de Aguas de Tenerife”.
En este sentido, Montañés detalla que “hemos comenzado a comprobar que se ha cumplido con la legalidad vigente, revisando el último informe de control aportado por el Consejo Insular de Aguas, y en los próximos días comenzaremos con las fases de inspección” y ha aclarado que, “en caso de detectarse algún tipo de actitud negligente, se notificará a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) para que instruya, si así lo considera, expedientes sancionadores”. Algo que, según recordó “ya se hizo en el año 2023, imponiendo sanciones al Ayuntamiento de El Puerto de La Cruz por los aliviaderos de Playa Chica y El Caletón” (los más cercanos a Playa Jardín).
Montañés ha comentado que, en este punto concreto de vertidos, y según el último informe de la Dirección General de Salud Pública, encargada de vigilar la calidad de aguas de baño en el archipiélago, “en las analíticas bimensuales rutinarias recogidas en los cinco puntos de muestreo incluidos en la autorización, no se han detectado agentes patógenos en niveles no autorizados”, por lo que “aparentemente no debería ser esta la fuente de contaminación, pese a que exista una rotura del conducto”.
No obstante, el director general ha querido apuntar que “desde la consejería estamos destinando todos los medios al alcance de la ciudadanía para poder esclarecer lo sucedido, tendiendo la máxima colaboración al ayuntamiento municipal, responsable de velar por la calidad de sus aguas de baño y red de saneamiento”.
En lo que respecta a la corporación municipal, el director general ha recordado que “existen varios puntos de vertido tierra-mar sin autorización y sin plan de vigilancia en el municipio”, por lo que “no se descarta que éstos sean los responsables del problema”.
A este respecto, ha detallado también que “estos aliviaderos de aguas residuales, que son responsabilidad directa del ayuntamiento, no deberían trabajar sino en episodios de elevados niveles de precipitaciones, y de los mismos no tenemos información sobre frecuencia o nivel de carga contaminante con la que vierten a la costa portuense”.
