El Consejo de Gobierno ha aprobado ayer, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el acuerdo por el que se establecen las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025.
El texto establece el conjunto de líneas que regirán el proceso de elaboración presupuestaria para cada departamento de la Administración Pública de la comunidad autónoma y todos sus entes públicos, desde la perspectiva de los gastos estructurales y compromisos ciertos.
El Gobierno, en uso de sus prioridades en el orden político, será el que defina la distribución de aquellos recursos disponibles entre las políticas sectoriales que estime necesario dotar e incrementar.
Los criterios de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se orientarán a la consecución de los objetivos establecidos en los nueve ejes del proyecto de Canarias para la presente legislatura. En este sentido, las cuentas públicas de 2025 mantendrán como propósito inalterado el refuerzo de las medidas y planes que permitan garantizar la sostenibilidad y la mejora del sistema de bienestar en Canarias. En especial, en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda, procurando, asimismo, la adopción de medidas específicas que permitan el desarrollo de un modelo económico y productivo más sostenible e innovador.
La Comunidad Autónoma de Canarias afronta la elaboración de estos presupuestos en un contexto de incertidumbre, marcado por la persistencia de las tensiones geopolíticas internacionales, y sus efectos sobre los mercados energéticos; así como la extensión en el tiempo, mayor de la esperada, de las tensiones inflacionistas que podrían ocasionar una relajación más lenta y menos intensa de la prevista, de la política monetaria empleada.
A esta situación, se añade la transición hacia el nuevo marco de reglas fiscales europeo, aprobado definitivamente el pasado mes de abril, con un modelo basado en la planificación a medio plazo y el control del gasto primario. El Estado español deberá presentar a la Comisión Europea este Plan Fiscal-Estructural Nacional a medio plazo en el mes de septiembre del presente ejercicio.
Concretamente, para los estados miembros de la UE que presenten una ratio de deuda pública superior al 60% del PIB o un déficit por encima del 3% del PIB, la Comisión Europea les comunicará una trayectoria de referencia sobre cómo deben evolucionar los empleos (gastos) primarios (sin intereses), netos de medidas discrecionales de ingresos, de gastos financiados a través de programas de la UE, de gastos por prestaciones de desempleo y de medidas excepcionales y temporales.
En cualquier caso, la traslación de este nuevo marco fiscal europeo al marco interno se encuentra pendiente de concreción a nivel estatal, por lo que, en la actualidad, sigue siendo de aplicación la LOEPSF (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).
Una vez determinados los criterios de disciplina fiscal que establezca el Estado para 2025, así como aprobado el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma, y conocidas las entregas a cuenta del sistema de financiación en el próximo ejercicio, entre otros factores, se establecerá el escenario definitivo para el próximo ejercicio.
