Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, ha recordado que, en reiteradas ocasiones, desde nuestra Patronal provincial de promotores y constructores en Santa Cruz de Tenerife, hemos manifestado que la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias de Cambio Climático, aprobada en la pasada legislatura, nacía con evidentes problemas que ponían en duda su permanencia en el tiempo, lo cual ha sido cierto, dándonos la razón.
El primer problema que contenía era su potente carga ideológica que la apartaba de la realidad que pretendía modificar y del conocimiento científico vigente. La segunda perturbación, llevaba un complejo desarrollo con la creación de múltiples órganos, documentos y planes que, extendidos en el tiempo, tardarían muchos años para su completo despliegue y que, para dificultarlo más, atribuía a las empresas funciones de difícil cumplimiento. Es decir, complejidad e inseguridad jurídica.
Los medios de comunicación se han hecho eco de que el actual consejero de Transición y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha expuesto ante el Consejo del Gobierno, las líneas principales de un Decreto Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias. Sin entrar en comentarios técnicos, que se harán cuando se conozca el texto que se anuncia, nos gustaría hacer algunas reflexiones que pudieran aportar criterios posibilistas en relación con la planificación energética.
A nuestro juicio, una planificación energética con vocación de permanencia, como tiene que ser para Canarias como territorio periférico y además aislado, para poder desplegar todas sus potencialidades y alcanzar sus fines, requiere objetivos claros, medios suficientes y amplio consenso. Contando con principios transparentes, ausentes de condicionantes ideológicos, que desvirtúan su operatividad y eficiencia, forzando el estado del conocimiento y haciéndolos imposibles. Hace falta implementar una ficha financiera, segura y estable, que conlleve compromisos económicos que abarquen varias legislaturas. Porque en este tema el tiempo no puede ser cortoplacista. También sería imprescindible, un amplio consenso con las fuerzas políticas, empresariales y la sociedad civil, que se identifiquen con el Proyecto y no lo expongan a los vaivenes electorales cada cuatro años, causa principal del fracaso de la política energética históricamente en Canarias.
De todo expuesto, nos asalta la duda de que el Decreto Ley sea la figura jurídica adecuada, porque se queda desvaído y corto. El tiempo dirá si se cometen los mismos errores que en la legislatura anterior, que ya fueron suficientes como para repetirlos y volver a estar siempre comenzando, sin avanzar.
