Establece cuatro niveles de riesgo (el primero, nivel 0, de normalidad) y las medidas para cada uno de ellos, que serán ordinarias para el nivel 1; extraordinarias para el 2 y excepcionales para el 3, el único donde podrá aplicarse la enseñanza no presencial
El consejero de Educación, Poli Suárez, presentó este martes el protocolo marco para que los centros docentes de Canarias afronten con más garantías episodios de altas temperaturas como el ocurrido el pasado octubre, cuando tras varias jornadas de calor extremo, continuo y generalizado se optó por suspender la actividad lectiva en todo el archipiélago.
Concebido como “un marco de directrices para orientar a la comunidad educativa canaria, de tal manera que pueda prepararse y dar respuesta, de modo eficaz y efectivo, a situaciones de altas temperaturas excepcionales”, el protocolo ha sido diseñado por personal de la propia Consejería con apoyo de los departamentos regionales de Sanidad y Seguridad y Emergencias, adaptando a la realidad de las islas ejemplos similares existentes en otros territorios.
Además, ha sido remitido al Consejo Escolar de Canarias, donde están representados todos los colectivos de la comunidad educativa, y a los grupos parlamentarios, por si quisieran hacer aportaciones.
“Se trata de un documento abierto, que será revisado y actualizado periódicamente, y que requerirá distintos niveles de coordinación», según Poli Suárez, quien recordó que «no existía nada similar en Canarias hasta la llegada de este equipo a la Consejería».
“Había que diseñar un documento que fuera válido para todo el archipiélago, no sólo ante determinadas circunstancias meteorológicas, sino para cada isla, comarca, municipio y centro”, ahondó el consejero, que resaltó la importancia que tendrá siempre la coordinación a nivel de centros así como entre éstos y la administración educativa (Dirección Territorial, Dirección Insular, Servicios Centrales…) o con agentes externos (servicios sanitarios locales, otros servicios de emergencias y protección, ayuntamientos…).
Así, el protocolo será adaptado a la realidad de todos los centros educativos no universitarios del archipiélago financiados con fondos públicos (por tanto, públicos y concertados), para lo que, junto a la introducción, incluirá entre sus apartados obligatorios una contextualización donde tendrán cabida los siguientes aspectos: descripción del centro, recursos materiales y humanos, características del alumnado, especialmente del más vulnerable, servicios complementarios o actividades extraescolares.
Especialmente destacable, el apartado que, en la línea de lo que, en los últimos meses, ha venido haciendo la Consejería, refleja actuaciones previamente planificadas por el centro para hacer frente a olas de calor y altas temperaturas (verificación del estado de los espacios de sombra y otros medios disponibles, establecimiento de canales de comunicación con la comunidad educativa, comprobación de la disponibilidad de recursos informáticos para profesorado y alumnado así como de programaciones didácticas para un posible escenario de enseñanza a distancia) y, sobre todo, el relativo a medidas y actuaciones ante distintos niveles de riesgo.
Cuatro niveles y medidas
El protocolo establece la existencia de cuatro niveles, 0, 1, 2 y 3, que implican respectivamente ausencia de riesgo, riesgo bajo, medio y alto, y medidas de intervención ante los mismos, pudiendo aplicarse en cada nivel superior las medidas previstas en uno inferior.
El nivel cero (verde) implica temperaturas por debajo de 33 grados en la provincia de Las Palmas y 34 en la de Santa Cruz de Tenerife. Ante la ausencia de riesgos, no se prevén medidas específicas para esta situación, considerada como de normalidad.
El nivel 1 (riesgo bajo o amarillo) se activará cuando exista aviso amarillo y supondrá la difusión de información general y recomendaciones a la comunidad educativa y la aplicación de medidas ordinarias, debiendo autorizarlas el equipo directivo del centro.
Entre ellas, las que habitualmente recomienda Sanidad para estos casos: permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados y usar espacios exteriores sólo por causas de fuerza mayor y teniendo en cuenta los riesgos por niveles altos de radiación ultravioleta (UV); reducir actividad física y deporte al aire libre en las horas más calurosas; beber con frecuencia, aunque no se sienta sed, con independencia de la actividad física realizada y evitando bebidas con cafeína, energéticas o azucaradas o ingerir comidas ligeras para reponer sales perdidas por el sudor.
Además, prestar atención a personas vulnerables; usar ropa ligera, holgada y transpirable; consultar a profesionales sanitarios ante determinados síntomas que requieran actuación especializada inmediata; mantener persianas bajadas y abrir ventanas solo en las horas menos calurosas; refrescar el ambiente con los sistemas de ventilación existentes; ampliar el número de descansos para facilitar la hidratación y, si fuera necesario, modificar espacios donde se imparten clases para un mayor bienestar de las personas.
Por último, ya en este contexto (nivel 1), las faltas de asistencia del alumnado vulnerable podrán considerarse justificadas siempre que se cumplan ciertos requisitos y se garantice el seguimiento de la actividad lectiva por los medios establecidos por el centro para escenarios de enseñanza no presencial. Se recomienda también mantener sus medicamentos en lugares frescos para no alterar sus componentes y efectos.
El nivel 2 (riesgo medio o naranja) equivale al aviso naranja y se traducirá una vez más, en la difusión de información y recomendaciones, pero también en medidas extraordinarias, con especial atención al estudiantado de riesgo o vulnerable (alumnado de Educación Infantil o alumnado general con enfermedades crónicas o discapacidad).
En concreto, se podría aplicar la salida anticipada y opcional del alumnado del centro y la modificación del horario escolar y/o de actividades curriculares.
Ahora bien, la salida anticipada requerirá información al Consejo Escolar/Consejo Social y autorización posterior de la Dirección Territorial o Insular correspondiente. Autorizada la medida, deberá comunicarse al inspector de zona y a las familias de la forma establecida por cada centro, aunque nunca podrá realizarse antes de las 12.00 horas y sin autorización de los representantes legales del alumnado menor de edad, que realizará la recogida según procedimiento establecido también por el centro. El alumnado que permanezca en él será atendido según su jornada habitual, y tampoco sufrirán cambios los servicios de comedor y transporte, mientras que actividades complementarias y extraescolares sí podrán ser aplazadas o suprimidas.
En cuanto a la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares, los centros podrán adaptar el horario de Educación Física, para que se imparta a primera hora, realizar actividades alternativas en horas de más calor o redistribuir y trasladar al alumnado a lugares de descanso, cubiertos o sombríos, entre otras.
Por último, el nivel 3 (riesgo alto o rojo), que se activará con aviso rojo, supondrá, de nuevo, información general y recomendaciones, pero también la intervención directa sobre la población educativa vulnerable con la aplicación de una única medida excepcional: la enseñanza no presencial, cuya adopción exigirá los mismos requisitos previstos para la salida anticipada en nivel 2.
Para llevarla a cabo, los centros deberán tener previsto el cambio de la modalidad presencial a la no presencial de forma rápida y eficaz, contemplándose en sus programaciones.
Además, se recomiendan simulaciones durante el curso para que profesorado y alumnado estén familiarizados con la enseñanza no presencial y, por último, podrá determinarse de forma motivada que ciertos grupos sigan asistiendo de forma presencial al centro, con medidas de prevención y seguridad oportunas y modificando horarios, en su caso.
Todo ello podrá graduarse o modularse según la evolución de las condiciones o por cambio en nivel de riesgo, con la información de la dirección a la comunidad educativa y el asesoramiento de la Inspección. Además, será difundido según lo establecido por el Consejo Escolar o el Consejo Social y dentro del Plan de Autoprotección.
En ese sentido, corresponderá a los equipos directivos adaptar el protocolo marco a su centro, para lo que contarán con el asesoramiento y colaboración de la persona coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales, del inspector o inspectora de zona y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.
Por eso, junto a la evaluación del propio protocolo después de cada una de sus aplicaciones por los centros, entre sus apartados deberán figurar también formación al profesorado y anexos con contactos de los servicios concurrentes para una localización fácil y rápida.
Como resumen, «se reducirá el margen de error en las decisiones, se agilizará la respuesta, se dará seguridad a la comunidad educativa, se facilitará la comprensión y coordinación de las medidas preventivas y organizativas y se clarifica, con carácter previo, el reparto de funciones», concluyó Suárez, para quien todo ello se ha hecho «con realismo, claridad, pragmatismo y, lo que es más importante, con conocimiento, al objeto de cumplir con una serie de objetivos: salvaguardar el bienestar y la salud de todos los miembros de la comunidad educativa, garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado en situaciones excepcionales, garantizar también una respuesta inicial rápida ante este tipo de episodios; incrementar aspectos como la seguridad, la eficacia, la vigilancia, la adecuación de las medidas y la coordinación, y establecer hábitos de autoprotección, entre otros».
