El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, advierte en el Pleno de la Cámara regional que este Decreto Ley invade las competencias municipales e incrementa los precios para acceder a viviendas asequibles por parte de la ciudadanía
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este martes en el Pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias de “desentenderse” por completo de las políticas de vivienda pública y de poner únicamente en manos de la iniciativa privada el acceso a la vivienda de la ciudadanía canaria con el Decreto Ley recién presentado por el Ejecutivo autonómico. “Este decreto está hecho por y para los constructores y promotores inmobiliarios de Canarias”.
Franquis intervino en una pregunta solicitada por el Grupo Socialista a Presidencia del Gobierno sobre si cree que las políticas que está adoptando el Gobierno en materia de vivienda son las idóneas para dar respuesta al problema habitacional de las islas, donde afirmó que, con este Decreto, el Ejecutivo canario se pone únicamente en manos de la iniciativa privada para darle solución”.
El portavoz socialista aseguró que el Decreto Ley es una “invasión” a las competencias municipales, porque entra en aspectos propios de la ordenación pormenorizada como la altura, la edificabilidad y los usos. En este sentido, alertó que se “pervierte” el sistema porque se establecen una “especie” de derechos de la propiedad, y son los ayuntamientos los que deben demostrar dónde no es conveniente que se ejerzan.
Para Franquis, este Decreto Ley también supone un “golpe de estado” a la planificación urbanística, planteando una desregulación y quitándole capacidad a los ayuntamientos para que decidan sobre su suelo.
El portavoz socialista insistió en que los precios establecidos en el Decreto Ley no son asequibles, sino todo lo contrario. “De repente incrementan los precios en un 51%. Estamos ante un decreto ley profundamente inflacionista, porque ayuda a subir el precio en un mercado inmobiliario con precios ya muy elevados y muy tensionado”.
En concreto, destacó como otro aspecto clave del Decreto que obliga a que los arrendatarios deban disponer de más renta y recursos para poder acceder a una vivienda pública de alquiler. “Una vez garantizado el suelo casi gratis, se trata de mejorar la solvencia del inquilino. Hay que tener en cuenta que a diferencia de la iniciativa pública en la que se barema, en la privada es el promotor el que elige al inquilino y buscará el más solvente”.
Franquis advirtió que los precios de los alquileres en régimen general para viviendas protegidas de promoción privada se incrementen en un 51 % en las islas menores y un 35% en las islas capitalinas.
Además, consideró que técnicamente “es una burrada”, como la utilización de los suelos previstos para sistemas generales, porque éstos sirven para el equipamiento de las ciudades, y estamos convencidos que el destino mayoritario de los que están vacantes es el parque público. Esta medida va en contra de las políticas europeas de renaturalización de las ciudades para luchar contra el cambio climático.
Para Fraquis, la recuperación de suelo urbanizable incluida en el Decreto supone directamente la construcción en suelo rústico. “Esta disposición se parece mucho a aquella de Aznar que decía que todo suelo que no esté protegido será urbanizable. “¿Cómo hacer que ese suelo de los ayuntamientos destinado a dotaciones pase a la iniciativa privada?”.
Las únicas viviendas de precio asequible: Las del Plan de Vivienda del Pacto de las Flores
El portavoz socialista denunció al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que las únicas viviendas a precio asequible “que va a ver construidas”, son las que se están construyendo a través del Plan de Vivienda de Canarias impulsado en la anterior legislatura del Pacto de las Flores, gracias al cual existen 2.779 viviendas, de las cuales 1.030 viviendas están en construcción; 1.075 en cogobernanza con los ayuntamientos, y las 674 en fase de redacción de proyectos.
Franquis recordó que las medidas de este Decreto Ley se han acordado “sin consenso”. “Estamos ante un documento que sólo se ha hablado y consensuado con promotores y constructores”.
“Se trata de que la iniciativa privada acceda al suelo que tienen los ayuntamientos (básicamente dotacional) prácticamente a coste cero y que pueda alquilar o vender a familias más solventes y a precios bastante más elevados de los actuales. Eso dejará una bolsa muy grande de demandantes que no pueden acceder”, añadió.
