Más de 10 años con numerosos proyectos en pro de la igualdad social que han atendido a aproximadamente 10.000 personas en situación de exclusión
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado lunes 29 de enero el decreto por el que se declara de interés público de Canarias a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela, una entidad que cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando por la igualdad social y más de 10.000 personas atendidas en situación de exclusión.
Se trata de una declaración que viene motivada por el desarrollo de diferentes proyectos que desde hace más de una década promueven el interés general de la Comunidad Autónoma, así como el beneficio que para la sociedad canaria reporta la actividad de la entidad.
Rayuela trabaja en la defensa de un modelo de desarrollo social y económico más sostenible, que consiga satisfacer las necesidades presentes sin hipotecar las necesidades de las futuras generaciones. Bajo esta premisa, ha insertado en el mercado laboral a centenares de personas en exclusión, con importantes y efectivos programas de intervención social y psicológica con alta exclusión social.
Entre sus principales acciones de recorrido comarcal, insular y autonómico destaca la formación a mujeres víctimas de violencia de género; la ejecución de proyectos de intervención psicológica y laboral con personas LGBTI; programas que promueven la salud física, mental y sexual; adicciones y drogodependencias en edad juvenil; la participación en redes de lucha contra la pobreza, en las relativas al fomento del empleo en colectivos vulnerables, y también en plataformas que impulsan el apoyo a personas con VIH o en la Red de Entidades de Economía Social de Canarias, entre otras.
Rayuela cuenta con un plan de igualdad para los 40 trabajadores y trabajadoras (31 hombres y 9 mujeres) de la entidad que, a pesar de no tener la obligación legal de implantarlo, se ha elaborado por la convicción y la defensa de la igualdad real de todos los integrantes de la asociación.
Cabe reseñar que, entre las circunstancias requeridas para la declaración de interés público, el Gobierno regional ha constatado que su actividad no está restringida a favorecer a sus asociados exclusivamente y que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hacen con cargo a fondos de subvenciones públicas, así como que disponen de medios materiales y personales adecuados para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos.
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