El portavoz de Política Territorial del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge González, critica que el Gobierno canario “no escuchó” ni al Colegio Oficial interinsular de Arquitectos de Canarias ni al Consejo Consultivo ni a los grupos políticos “que decíamos que la famosa Ley del Suelo era imprecisa y desbordaba con burocracia”
El portavoz de Política Territorial del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge González, afirmó en la pasada comisión parlamentaria que la “problemática” generada con la “polémica” Ley del Suelo de 2017 no puede suponer una modificación “que se asemeje las leyes LISTA en comunidades autónomas como Madrid”, porque sería el modelo “que le gustaría implantar al socio de Gobierno de Coalición Canaria, el Partido Popular”.
González ofreció “colaboración” y “ayuda” al Gobierno canario para modificar dicha Ley, pero insistió en que las consecuencias de suprimir las directrices de ordenación y su memoria contenidas en el Anexo de la Ley 19/2003 de 143 directrices “era y son graves” para la ciudadanía canaria y, como estableció el propio Consejo Consultivo, supondría una eventual inseguridad jurídica “que una derogación de tanta trascendencia puede provocar, basándose en el artículo 9.3 de la Constitución Española”.
“La ordenación de nuestro suelo, contemplando nuestras singularidades y nuestra realidad insular debe tener un control, una demarcación sostenible y un esfuerzo por parte de las administraciones, para que la prudencia prime ante los intereses personales, la especulación o la utilización de nuestro suelo en beneficio de unos pocos”, resaltó.
Para el diputado socialista, la apertura de este debate por parte del Gobierno canario sobre una posible remodelación de la Ley del Suelo es “reconocer el fracaso” de una Ley que no contó con el consenso del Parlamento de Canarias, teniendo en cuenta las características de una Ley como ésta. “Hubiese sido más prudente que hubiese sido aprobada con el consenso de la Cámara regional”.
“Esperamos que no quieran seguir la ola de sus socios del PP, y, frente a un urbanismo que debe ordenar el territorio de forma integrada y de manera común, ahora quieran justificar modificaciones a esta Ley hacia más liberalización”, añadió.
