Hernández y González critican «la intolerancia y el menosprecio del pacto de las derechas al aceptar una de las 169 enmiendas de mejora del canarismo«
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denunció ayer, durante la elaboración del dictamen de la comisión sobre los presupuestos canarios de 2024, que el Gobierno canario impregna su primera y principal norma de la ideología de la extrema derecha de Vox. Las diputadas Carmen Hernández y Esther González criticaron la intolerancia y el menosprecio de los grupos del pacto de las derechas de CC, el PP, la ASG y la AHÍ al aceptar una sola de las 169 enmiendas de mejora planteadas por el grupo canarista. Ambas parlamentarias mantuvieron el rechazo a una propuesta gubernamental que ni es social, menos prudente, que ha cosechado el rechazo y el descontento de los sectores sociales y económicos. Además de cuestionar los valores democráticos del Ejecutivo conservador al incumplir varias leyes canarias cuando integran una institución que debe velar por el cumplimiento de las mismas.
Estas fueron algunas de las razones de peso expuestas por las dos diputadas canaristas para rechazar el dictamen del Proyecto de ley (PL) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo año, penúltimo paso para su votación definitiva, prevista para el pleno de la próxima semana.
Carmen Hernández censuró el comportamiento de los grupos del Gobierno con las enmiendas parciales de la oposición canarista al denunciar que el PL “se impregna de la ideología” de la extrema derecha al aceptar un número significativo de las propuestas de Vox frente a una sola de las 169 medidas de mejoras defendidas por NC.
Para Hernández y González, este comportamiento intolerante y el menosprecio hacia el trabajo del canarismo de progreso, al mismo tiempo que se reforzaba a la ultraderecha canaria, explica que se rechazaran propuestas de Nueva Canarias para proteger a la ciudadanía más vulnerable, como las impulsadas para revertir los recortes de los fondos para luchar contra la violencia machista y la igualdad. Al igual que las correcciones en materia de transición ecológica, infraestructuras hidráulicas, sanidad, ayuda humanitaria, para las organizaciones no gubernamentales, las universidades públicas, el transporte escolar, las infraestructuras educativas, la cultura, el Servicio Canario de Empleo y el sector ganadero, entre los principales.
El canarismo de progreso se cuestionó los valores democráticos de los partidos del Gobierno cuando se sitúan, denunció Esther González, “por encima de las leyes” a pesar de integrar una institución llamada a velar por el cumplimiento de las normas. Se referían al incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, la del Servicio Público de la Cultura, la de Educación y el pacto por la ciencia, entre las principales.
Carmen Hernández recriminó la “presión” ejercida por los escaños de la Agrupación Socialista Gomera, traducida en un tratamiento presupuestario privilegiado, al mismo tiempo que “se abandona de manera brutal” a otras islas amarillas, como Lanzarote que en el PL inicial le recortaron 14 millones de euros o Fuerteventura, necesitada de mejoras relevantes como la de la avenida de Morro Jable y el consultorio sanitario de El Cotillo, entre las planteadas por Nueva Canarias.
En la misma línea, Esther González se detuvo en la defensa de las soluciones a la conectividad planteadas para La Palma, El Hierro y La Gomera así como las infraestructuras portuarias de Garachico y Los Cristianos. Al igual que las iniciativas para recuperar fondos para los dos proyectos de movilidad sostenible más relevantes de Gran Canaria como el tres y la Metroguagua.
Las parlamentarias canaristas mantuvieron que estos presupuestos no son sociales y menos prudentes ya que bajan los impuestos a los más ricos además de provocar el rechazo y descontento de importantes colectivos sociales y destacados sectores económicos. “Por responsabilidad y, en el afán de corregir aunque sea mínimamente algunos de los mayores desatinos” del proyecto de ley, NC-Bloque Canarista registró 113 enmiendas a los estados financieros y 56 al articulado pero sólo una, censuraron, ha sido aceptada por la mayoría del Gobierno de las derechas.
