La Corporación insular solicita 5,2 millones de euros al Gobierno de Canarias para contratar a 177 personas desempleadas a través del proyecto ‘Tenerife Avanza con N.O.E. 2023-2024’
El Cabildo de Tenerife abrirá tres nuevas oficinas en 2024 para prestar el Servicio Integral de Atención a la Mujer (SIAM) que vendrán a sumarse a los 11 recursos ya existentes. Así lo explicaron hoy el vicepresidente primero, Lope Afonso, y el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, quienes ofrecieron una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno.
Lope Afonso señaló que la aportación del Cabildo para la unidad orgánica de violencia de género será de 11 millones de euros para 2024, “lo que permitirá abrir estas tres nuevas oficinas que prestan el Servicio Integral de Atención a la Mujer, una para cada una de las macrocomarcas en las que se agrupan estos servicios, con lo cual dispondremos de 14 oficinas distribuidas por la geografía insular”. Asimismo, el vicepresidente primero indicó que “se van a habilitar dos oficinas para la prestación del servicio especializado en violencia sexual y un nuevo servicio compuesto por un equipo multidisciplinar itinerante para atender la problemática de las mujeres víctimas de violencia de género en los entornos rurales”.
Por su parte, José Miguel Ruano indicó que dentro del área de Empleo se aprobó el proyecto ‘Tenerife Avanza con N.O.E. 2023-2024’ para su presentación ante el Servicio Canario de Empleo (SCE), en el marco de la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de subvenciones destinadas a la contratación laboral en prácticas de personas desempleadas, preferentemente de primer empleo, denominado “Nuevas Oportunidades de Empleo (N.O.E.)”.
“Vamos a solicitar 5,2 millones de euros y aportar unos 897.000 euros del Cabildo para la ejecución de esta iniciativa con la que contrataremos a 177 personas desempleadas y que surge como una oportunidad para personas en paro que no poseen experiencia profesional, facilitando el empleo y la adquisición de conocimientos para su posterior desarrollo profesional”, indicó Ruano.
El proyecto ‘Tenerife Avanza con N.O.E. 2023-2024’ está destinado a la contratación de personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el SCE, en la modalidad contractual de contrato formativo para la obtención de una práctica profesional, favoreciendo con ello la lucha contra el desempleo y la inserción socio-laboral de las personas desempleadas, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo de proyectos de interés general por parte de las entidades públicas beneficiarias.
Ruano explicó que “habrá universitarios y no universitarios, pero con titulación de formación profesional, tanto en ciclos de grado superior como en ciclos de grado medio. Con esta medida seguimos en la línea de que el Cabildo pueda contribuir desde su actividad a la formación de personas jóvenes y, a partir de esa formación inicial, que estos jóvenes puedan tener oportunidades de empleo en el ámbito privado”.
Por otra parte, el vicepresidente segundo señaló que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, organismo adscrito al Cabildo de Tenerife, invertirá unos 843.000 euros en los trabajos de seguimiento y revisión del tercer, así como la revisión del mismo de cara a cumplir con el cuarto ciclo de planificación del Plan Hidrológico de Tenerife para los años 2027-2033.
Así, el Consejo de Gobierno aprobó hoy una modificación del gasto que permitirá contratar conjuntamente ambas actuaciones de seguimiento y revisión y, además, en este último caso, proceder a compilar dos fases como eran la elaboración de documentos iniciales y la redacción del propio plan, lo que supone varias ventajas. Así, supone una mayor agilidad y menores plazos, al no existir retardo entre fases, lo que aumenta las garantías para cumplir los hitos temporales impuestos por la Directiva Marco del Agua. Además, hay ausencia de fricciones entre los trabajos realizados en la primera y segunda fase y se produce una economía de escala. Finalmente, la licitación de un solo contrato supone menores costes administrativos, y favorecimiento de la competencia, entre otras ventajas.
