Hernández afirma que Canarias tiene todas las herramientas necesarias, como el plan de 2020 a 2025 dotado de 664 millones y el pacto social y político de 2020
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández hizo este lunes en el Parlamento un llamamiento a “no perder más tiempo” para desarrollar, de forma decidida, los proyectos en materia de vivienda pública impulsados por el Ejecutivo de progreso en la X Legislatura. La parlamentaria del grupo canarista afirmó que Canarias dispone ya de todas las herramientas para comenzar a superar la ausencia de política hasta 2019. Señaló al plan de 2020 a 2025, dotado de una ficha financiera de 664 millones de euros, y al Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, suscrito en marzo de 2020 por una treintena de colectivos institucionales, sociales y económicos.
Durante la comparecencia de la Diputación del Común en comisión para exponer el informe extraordinario, “riguroso y exhaustivo” para Carmen Hernández, la diputada de NC-BC puso de manifiesto la necesidad de “parar ya de seguir buscando excusas para justificar lo injustificable”. Canarias, como recordó, hasta 2019 careció de política de vivienda, lo que provocó que en la década anterior sólo se construyera una treintena de residencias.
Señaló que el Archipiélago, además de haber tenido gobiernos que no han priorizado esta política, es uno de los territorios con mayores índices de pobreza, un mercado inmobiliario altamente tensionado, con el alquiler vacacional en auge y una creciente presión demográfica.
Desde 2019, continuó, la situación comienza a cambiar con la firma, en marzo de 2020, del pacto por el acceso a la vivienda digna y la aprobación del plan para el periodo de 2020 a 2025 con 664 millones de euros de ficha financiera. “No perdamos más tiempo…lo que hay que hacer ahora es ponerse a desarrollar todos los proyectos” impulsados por el Ejecutivo de progreso.
Carmen Hernández dijo que las apelaciones a la ausencia de suelo público son una “excusa” ya que “no es el problema más grave” Las entidades públicas de Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), tal y como explicó, disponen de solares en algunos municipios. Dos ejemplos, Las Palmas de Gran Canaria y Telde con terrenos para edificar 400 pisos que, sin embargo, no se han construido.
El problema, tal y como observó, es “más complejo” que la disponibilidad de suelo. De ahí que propusiera comenzar a trabajar en las localidades donde hay suelo, proyectos y financiación disponible. Planteó también la preparación de un parque de vivienda pública que prevea la construcción en los municipios de mayor demanda y donde el mercado está muy tensionado.
Donde se detecten problemas de gestión de la administración pública, defendió la colaboración pública y privada, así como el protagonismo y la experiencia de las empresas públicas de ayuntamientos, como en las cuatro ciudades metropolitanas de la comunidad. Además de los consorcios insulares. Unas entidades de los cabildos que, para NC-BC, deben tener un papel más determinante, recogido en una próxima reforma de la ley sectorial.
Para responder efectivamente a uno de los problemas sociales más graves en las islas, la portavoz parlamentaria del canarismo de progreso abogó porque la dirección política de Visocan y del Icavi sea responsabilidad de una misma organización. Consideró que fue un error en la pasada legislatura, que se volverá a repetir ahora al mantener ambas entidades públicas bajo el paraguas de dos de los socios del pacto de las derechas. La competencia partidaria, “cuando hablamos de un asunto tan grave, debiera ser desterrada”, en opinión de Carmen Hernández.
En relación con la bolsa de vivienda vacía, reconoció que es “tremendamente desalentador” saber que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife sea la capital de provincia de más de 200.000 habitantes con más pisos inhabitados del Estado y Las Palmas de Gran Canaria, la cuarta. Apostó por impulsar el programa para el acceso a estos inmuebles deshabitados con el objetivo de cumplir con una función social y además dar garantías a los propietarios para que recuperen los pisos en perfectas condiciones de habitabilidad.
“Tenemos que trabajar en esa línea porque hacemos una doble función, la social de recuperar la vivienda vacía para ponerla en manos de los que la necesitan, y además es una inyección económica al pequeño propietario que va a haber rentabilizado un inmueble ocioso”, tal y como expuso Carmen Hernández.
