Esta iniciativa tiene como objetivo buscar soluciones a los vecinos y vecinas del poblado de Giniginamar y de otras zonas del litoral del Archipiélago
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha convocado la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas, que se celebrará el próximo 3 de noviembre con el objetivo de abordar la situación de los núcleos costeros afectados por la recuperación del dominio estatal del litoral.
Durante una comisión parlamentaria en la que se ha tratado la situación del poblado de Giniginamar, en el municipio majorero de Tuineje, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha destacado que desde la Dirección General de Costas, que depende del departamento que dirige, se está realizando un
seguimiento especial a las zonas pobladas de nuestro litoral que se están viendo afectadas por la Ley de Costas.
«Vamos a buscar soluciones a la problemática concreta del poblado de Giniginamar, pero también a todos los conflictos generados por la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno estatal vinculados con la recuperación del dominio público.», ha señalado Pablo Rodríguez. Para ello, la Comisión Mixta se convocará en virtud del protocolo de colaboración establecido en 2016 entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Plataforma Canaria en Defensa de la Ley De Costas, entre otros.
«La realidad del poblado de Giniginamar no es única y debemos analizar todas las situaciones que se dan en diversos puntos de la Islas, siempre desde la rigurosidad de la planificación del litoral, de las especificidades de cada lugar y, por tanto del conocimiento de cada uno de los núcleos”, ha detallado el consejero.
Pablo Rodríguez ha recordado que a principios de este mes de octubre, representantes de la Consejería mantuvieron un encuentro con la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio para Transición Ecológica, así como con la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre. Durante el encuentro, se les trasladó a ambas representantes la posición firme del Gobierno de Canarias para que se produzca un traspaso completo y sin interpretaciones de las funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral.
