Román Rodríguez mantiene que el acuerdo para el traslado a la Península del 10% de los jóvenes llegados a las islas dilata la solución a un problema estructural
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) pidió este viernes al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que en la reunión de mañana domingo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; reclame la modificación legislativa necesaria para la distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades del Estado. Mientras tanto defendió que la acogida de los jóvenes sea asumida, de manera razonable, entre todas las islas para equilibrar la responsabilidad de la atención entre todos los dispositivos de emergencia y los recursos de acogida que garantizan una atención humanitaria. El presidente de NC-BC, Román Rodríguez, mantuvo que la aprobación del traslado a la Península del 10% de los más de 3.300 jóvenes tutelados por las instituciones públicas canarias dilata la solución a un problema estructural.
Con la voluntad de mejorar el documento trasladado por el Ejecutivo a los grupos parlamentarios, NC avanzó que una de sus principales aportaciones se centrará en reforzar la perspectiva dada en el mismo a los menores no acompañados. Una posición que se basa en la propuesta previa hecha por Román Rodríguez para cerrar un gran acuerdo entre las organizaciones sociales, las instituciones públicas canarias y los partidos políticos relativo a los menores no acompañados.
El presidente de NC-BC considera que Clavijo tiene, en su próxima cita con Grande-Marlaska, una “oportunidad directa” para encauzar la distribución obligatoria de los menores entre todos los territorios del Estado. Recordó que, para ello, se requiere una modificación legal en las Cortes Generales.
Hay “margen” para cambiar la norma, para buscar un “mecanismo reglado” para atender a estas personas “de forma equitativa”, subrayó el presidente de NC. Ni Canarias, ni Ceuta, ni Melilla y tampoco Andalucía, observó, tienen que gestionar en “solitario” la atención de estos niños y niñas.
Reclamar un reparto entre todas las comunidades en función del peso demográfico y económico solo depende de la voluntad política, insistió para añadir que el objetivo del cambio normativo es el de habilitar un sistema “reglado, seguro y garantista” para que la atención de los menores sea “compartida” en todo el Estado.
Mientras tanto, en opinión de Román Rodríguez, en el Archipiélago estos chicos tienen que ser distribuidos de forma razonable entre todas las islas para equilibrar la responsabilidad de la tutela entre todos los dispositivos de emergencia y los recursos de acogida que garantizan una atención humanitaria.
La aprobación, el pasado miércoles en la conferencia sectorial, del traslado a la Península de unos 347 menores llegados a Canarias, en opinión de NC-BC, dilata la solución a una realidad que requiere respuestas estructurales y permanentes porque los flujos migratorios, con mayor o menor intensidad, se mantendrán en el tiempo dada la difícil situación del continente africano.
El canarismo de progreso opina que no ha funcionado la solidaridad voluntaria, que ya se puso en marcha en la pasada legislatura. Explicó que la primera reacción de los territorios ante una situación crítica pasa por mostrar su sensibilidad. Sin embargo, con el paso de las semanas y meses, decae esta proximidad con la realidad del Archipiélago. Para Rodríguez, estas respuestas voluntaristas son “loables y positivas” pero ineficaces, como se demostró en la X Legislatura.
El representante del canarismo de progreso reclamó una mayor implicación con Canarias por parte de la Administración del Estado y de la Unión Europea (UE) e hizo un llamamiento a hacer valer la Presidencia española de la Unión, que finalizará el próximo mes de diciembre.
Tras afirmar que las derivaciones de las personas adultas funcionan de manera razonable, exigió al Gobierno estatal que dimensione las necesidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Cruz Roja y los centros de acogida.
Con la oposición de Polonia y Hungría a cualquier política común en la materia, las negociaciones en curso en el seno de la UE, para Román Rodríguez, no responden a los problemas de territorios que, como Canarias, son frontera. Dijo que la última propuesta del pacto de asilo y migraciones tiene que “mejorar”.
“Rechazamos ese intento” de blindar fronteras europeas comprando a los países limítrofes sin establecer condiciones para respetar los derechos humanos y democráticos, endurecer las condiciones para obtener el asilo y aceptar que los socios europeos elijan entre acoger el cupo que les corresponde o pagar 20.000 euros por solicitud rechazada, denunció Román Rodríguez.
