El Cabildo de Tenerife en pleno ha aprobado por unanimidad exigir al Gobierno de Canarias el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) “en la cuantía necesaria para asegurar la cobertura de la demanda existente” así como que “amplíe el plazo de duración de la misma, prorrogándola de forma automática mientras persista la situación de precariedad económica que dio lugar a su concesión”. Además, ha adoptado el compromiso de impulsar planes comarcales de desarrollo integral que incluyan la potenciación de servicios de cuidado, redes de apoyo comunitario, iniciativas de cooperación social y alternativas de economía social y creación de empleo, con el fin de contribuir a la integración social de las personas perceptoras de PCI.
Este acuerdo parte de una moción del grupo Podemos fundamentada en que esta prestación se ha convertido en una estafa por las trabas que impiden que muchas familias lleguen a cobrarla, pues, como destaca la consejera Paqui Rivero, sólo se percibe en uno de cada mil hogares canarios, llegando apenas al 17 por ciento de la población que podría acceder a esta ayuda y a una de cada tres personas en riesgo de pobreza. La PCI, critica, sólo alcanza al 0,5 por ciento de la población en pobreza o exclusión, situada a día de hoy en unas 700 mil personas en las Islas. Frente a esos y otros datos que constatan el fracaso de la PCI, el acuerdo plenario del Cabildo incluye varias medidas para intentar eliminar las trabas que están impidiendo que llegue a la ciudadanía y cumpla su objetivo de inserción y mitigación de la pobreza y de la exclusión social que está azotando a Islas como Tenerife.
Rivero resalta en ese sentido que el pleno insular ha aprobado pedir al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos que incrementen la dotación de profesionales responsables de la atención a demandantes de PCI, que garanticen la estabilidad de dicho personal y mejoren el proceso de tramitación, acortando el tiempo de espera y asegurando su resolución en tiempo y forma. El Cabildo también instará a las instituciones competentes a que faciliten los recursos financieros y adapten la normativa vigente para que los ayuntamientos puedan implementar programas de apoyo personal y social estables que acompañen los itinerarios de inserción social, educativa y laboral, además de crear protocolos de refuerzo del trabajo en red. Asimismo, instará a todas las administraciones públicas competentes a aumentar los presupuestos en materia social y los servicios públicos esenciales que garantizan los derechos sociales de la ciudadanía.
Sobre la importancia de este acuerdo, Rivero incide en que Canarias es uno de los territorios más empobrecidos y desiguales del Estado español y de toda la Unión Europea. Resalta que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017 constatan una situación realmente alarmante: la tasa de desempleo de Canarias es del 25,85 por ciento, siete puntos más que la media estatal (que es del 18,9 por ciento) y un punto de subida de desempleo en relación al trimestre anterior. Agrega que la crisis ha dejado a más de 58.000 hogares canarios sin ningún tipo de ingresos, que la mitad de demandantes de empleo no tienen derecho a prestación ni subsidio y que el número de personas paradas de larga duración se triplicó entre 2016 y 2017.
Añade que en 2007 se aprobó la Ley que regula la PCI, y entre 2013 y 2017 se han llevado a cabo modificaciones normativas y presupuestarias para intentar articular una estrategia eficaz de lucha contra la pobreza y la exclusión social. “Pero lo cierto es que la Ley canaria de la PCI se está incumpliendo gravemente”, apunta la consejera de Podemos “ya que las dotaciones siguen siendo claramente insuficientes y su gestión adolece de serias dificultades”. “Todo el sistema está configurado, en teoría, para que la PCI sea la piedra angular de contención que frene la deriva de situaciones de precariedad económica a las de exclusión social; pero en la práctica, las administraciones públicas implicadas están poniendo tan pocos recursos humanos y presupuestarios para gestionarla, que todo el sistema está colapsado”, lamenta.
Concluye que para Podemos la solución pasa por “un Sistema de Garantía de Rentas como derecho subjetivo, individual, sin limitación de tiempo, y con una cuantía equivalente como mínimo al SMI, para aquellas personas que no tienen ingresos, de implementación progresiva, que unificaría y optimizaría las diferentes modalidades de prestaciones económicas no contributivas, asegurando unas condiciones materiales de vida dignas a todas las personas”. Este último aspecto no fue objeto de consenso con el resto de fuerzas políticas de la corporación, “pero Podemos seguirá trabajando para que este debate cale en la sociedad, tanto en el conjunto del Estado como en las Islas, y seguirá llevando iniciativas a las instituciones donde tiene presencia, tal como se ha hecho recientemente en el Parlamento español y en el Cabildo de Tenerife”. “En nuestro caso, intentaremos preparar próximamente una moción exclusivamente centrada en las ventajas de un Sistema de Garantía de Rentas como tienen otras comunidades”, avanza.
