El Pleno aprueba un acuerdo institucional con 11 puntos en los que también pide que la UME pueda participar en las emergencias desde que se active el nivel 1
El Cabildo de Tenerife ha acordado hoy lunes solicitar al Gobierno de España el establecimiento de manera permanente en Canarias de una base de medios aéreos estatales de gran capacidad para la lucha contra incendios forestales que permita una rápida intervención en emergencias de estas características en el conjunto de las Islas. La decisión ha sido aprobada por unanimidad durante la sesión extraordinaria del Pleno celebrada con motivo del incendio forestal que se declaró el pasado 15 de agosto del inicio. Antes del inicio de la sesión un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, compareció a petición propia para informar sobre las actuaciones realizadas durante el incendio. Dávila reiteró el agradecimiento a todas las personas y entidades que han trabajado e intervenido en las labores de extinción, así como la predisposición y el buen entendimiento de todos los grupos políticos para alcanzar un acuerdo por unanimidad.
El acuerdo, que tiene 11 puntos, también insta al Gobierno de Canarias a promover ante el Gobierno de España la modificación del Protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), aprobado por Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, incluyendo la singularidad los Cabildos Insulares canarios y que, en cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, puedan instar a través del Gobierno de Canarias la participación de dicha unidad en las emergencias insulares de nivel 1, conforme al Plan Especial de Protección Civil y atención de emergencias por incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), aprobado por Decreto 60/2014, de 29 de mayo.
De igual forma, se insta al Ejecutivo regional a implementar y mejorar los medios de los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (EIRIF) creando una base en Tenerife, elaborar el Anteproyecto de la Ley Forestal de Canarias y promover desde las Consejerías competentes, junto a los Cabildos Insulares, planes específicos para la prevención de los incendios forestales.
El acuerdo contempla la aprobación y dotación económica, con carácter de urgencia, de un plan de reforestación para las zonas afectadas con la finalidad de acelerar el proceso de creación de una cubierta vegetal que permita la fijación de suelo y evite el lavado del mismo con la llegada de las lluvias. Esto se hará empleando la experiencia atesorada en los trabajos realizados tras el incendio forestal del año 2022, en el término municipal de Los Realejos. Además, el acuerdo contempla continuar desarrollando el plan de mantenimiento de las vías, pistas, caminos y senderos de las zonas forestales e interfaz.
Asimismo, se acordó iniciar un diálogo entre las fuerzas políticas del Cabildo, extensivo a sectores profesionales forestales y agrícolas, organizaciones agrícolas y ganaderas, subsector empresarial turístico, universidades e investigadores sobre un modelo territorial de Tenerife en el que los usos y el aprovechamiento en el medio rural, la ganadería intensiva, el pastoreo y la creación de áreas estratégicas sean fundamentales en la preservación del patrimonio natural, así como impulsar modelos productivos que contribuyan al fortalecimiento y regeneración de la biodiversidad —incluyendo la biodiversidad agraria- y la adaptación de los ecosistemas, agrosistemas y el abandono del suelo agrario a escenarios de cambio climático.
Por otra parte, se impulsarán los estudios para identificar las soluciones tecnológicas existentes que permiten detectar, verificar, analizar, clasificar el fuego y dar una respuesta inmediata, compartiendo la información con el operativo de extinción en tiempo real. Además, se seguirá desarrollando la red insular de fibra óptica como vía de comunicación digital entre los diferentes municipios de Tenerife.
El acuerdo aprobado por el Pleno del Cabildo prevé evaluar los mapas de modelos forestales para su adaptación a la orografía, tipos de vegetación, la estratificación en altura de los montes de la masa forestal de la Isla y de los mapas de riesgo en las zonas Interfaz. En esa evaluación se valorará una posible revisión de la clasificación de los bosques potenciales para evitar que estos puedan provocar el abandono de las zonas agrícolas ubicadas a mayor cota y por lo tanto más próximas a las zonas de interfaz.
Otro de los puntos del acuerdo es establecer como un programa específico con el Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife la atención psicológica a los afectados por las emergencias y específicamente a las personas evacuadas de sus viviendas. Asimismo, se establecerá un protocolo de actuación entre el Cabildo y los ayuntamientos, asociaciones protectoras de animales, asociaciones de ganaderos y el Colegio Oficial de Veterinarios para la evacuación de las explotaciones ganaderas, cuadras de equinos, refugios de animales y mascotas de particulares ante la situación de peligro inminente por incendio forestal.
De igual forma, se promoverá la redacción de un protocolo de coordinación y comunicación entre las diferentes áreas y servicios del Cabildo Insular y de los Ayuntamientos de la isla con la Oficina Insular de Voluntariado para una gestión más efectiva, eficaz y profesional de las personas voluntarias.
En la parte administrativa, el acuerdo aprobado hoy pretende agilizar los procedimientos administrativos para la rápida respuesta a personas, empresas e instituciones afectadas por los daños producidos, en el marco de la normativa vigente y, específicamente, de la declaración de «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil». Sin perjuicio de lo anterior, el Cabildo de Tenerife establecerá las ayudas necesarias para el sector primario, priorizando la apicultura, los daños en ganadería y entidades del sector servicios que desarrollen su actividad en el medio natural afectado. De igual manera, una vez valorada las pérdidas en el ámbito agrícola se articulen las vías de recuperación de los suelos dañados y compensar a los agricultores de las posibles pérdidas
