El proceso de debate desarrollado durante los últimos meses en torno a la modificación del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife (ROCIT), se ha saldado, entre otros acuerdos importantes propuestos por el grupo insular de Podemos, con el compromiso de coordinar la inclusión de una disposición adicional sobre participación que incluirá una batería de mecanismos dirigidos a garantizar el derecho de la ciudadanía y los colectivos sociales a trasladar y defender iniciativas ciudadanas o propuestas en los plenos; mejoras en el derecho a la información, a audiencia, a formular quejas y reclamaciones y a que una parte de los presupuestos sean participativos.
Entre las novedades importantes, el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, cita también la posibilidad de realizar foros de consulta, consultas populares, paneles y jurados ciudadanos. Todas estas mejoras se implementarán a través del Reglamento de Participación Ciudadana del Cabildo, en curso de elaboración, pero a propuesta de Podemos quedan ancladas al ROCIT mediante la mencionada disposición adicional que obliga a su futuro desarrollo.
Por otra parte, con esta modificación del ROCIT que fue aprobada en la comisión plenaria de Presidencia celebrada el pasado viernes, el seguro sanitario privado que se está pagando a cargos políticos del Cabildo de Tenerife con fondos públicos de esta institución, tiene los días contados. Sabaté recuerda que a comienzos del presente mandato el grupo Podemos se alarmó al descubrir el derecho a cobrar seguro médico privado por el mero hecho de ser cargos públicos de esta institución. “Renunciamos de inmediato a ese seguro, por supuesto, y desde el principio solicitamos que se eliminara ese escandaloso privilegio político, pues es totalmente incoherente que los responsables de gestionar los servicios y recursos públicos, usen el dinero de toda la ciudadanía tinerfeña para beneficiarse de un servicio médico privado”. La propuesta fue aprobada, pero no con aplicación inmediata, sino condicionando la eliminación de ese seguro a la modificación del ROCIT.
En esta actualización del reglamento del Cabildo también se formaliza el derecho de todos los grupos políticos de la corporación a tener al menos un representante en todas las juntas generales de las sociedades mercantiles participadas íntegramente por esta institución. Pero lamenta que este avance en transparencia y buen gobierno “se haya quedado a medias”, ya que ha sido rechazada la propuesta de que esta apertura se haga extensiva a todas las sociedades, fundaciones y empresas públicas coparticipadas por el Cabildo o, al menos, a las mayoritarias.
Entre otras enmiendas de transparencia que han sido desestimadas, Sabaté incide en el rechazo a que se eliminara el carácter no público de las Comisiones Plenarias del Cabildo, tal y como se está haciendo ya en otras administraciones. “Es de lamentar que un relevante espacio de toma de decisiones de esta institución vaya a seguir teñida de oscurantismo”, comenta.
Y critica también que haya sido rechazada la petición de que se supriman los cobros extra cargos públicos liberados por asistencia a juntas y plenos de sociedades, fundaciones y empresas insulares. “No tiene sentido que quienes tienen dedicación exclusiva, cobren sueldo por la gestión de sus áreas, además, sueldos bastante elevados –reprocha–, y que, por otro lado, cobren también por asistencia a los órganos de decisión de las sociedades insulares que les compete gestionar”.
