La evolución del fuego permite rebajar la emergencia a Nivel 1. A partir de este momento, el Cabildo de Tenerife asume la dirección de los trabajos de control y extinción
El Gobierno de Canarias ha encargado la elaboración de un informe urgente para cuantificar los daños causados por el incendio de Tenerife. El objetivo es contar, en el plazo de cuatro meses, con una evaluación de las pérdidas materiales y medioambientales provocadas por las llamas, balance fundamental de cara a la declaración de zona catastrófica por parte del Estado.
El Ejecutivo autonómico adopta esta decisión justo cuando la evolución del incendio de Tenerife permite actualizar la situación del riesgo a Emergencia Nivel 1, tal y como establece el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). A partir de este momento, el Cabildo de Tenerife asume la dirección de la emergencia, la intervención de los recursos y la comunicación a la población.
El estudio encargado por el Gobierno de Canarias cuantificará los costes generados por el incendio en pérdidas de bienes y servicios, daños patrimoniales, externalidades negativas, además de los extraordinarios para la regeneración medioambiental.
El fuego, que comenzó el miércoles 16 de agosto y se consideró estabilizado nueve días después, el viernes 24 de agosto, ha afectado a un área de 14.751 hectáreas con un perímetro 90 kilómetros, lo que corresponde al 7,2% de la superficie de Tenerife.
El Estado ha anunciado que procederá a la declaración de zona catastrófica cuando el incendio esté extinguido. Se iniciará entonces un proceso para valorar los daños materiales causados por el fuego en Tenerife, así como si el mismo ha paralizado todos o algunos de los servicios públicos esenciales y si se ha perturbado gravemente las condiciones de vida de la población.
La declaración de zona catastrófica implica que será el Estado quien se encargue de la reparación de desperfectos materiales, así como del pago de las compensaciones económicas que correspondan.
Con el objetivo de acelerar al máximo las compensaciones, el Gobierno de Canarias prevé tener su informe de daños en cuatro meses, aunque en el plazo de un mes habrá un avance con una primera evaluación de los costes extraordinarios de extinción del incendio, junto con la estimación de las pérdidas del sector turístico, así como de los costes de emisión de CO2 a la atmósfera.
Daños de todo tipo
La evaluación de los daños causados por el incendio encargada por el Ejecutivo autonómico contendrá una recopilación de los perjuicios patrimoniales sufridos en infraestructuras, cultivos y actividades pecuarias. También está previsto que incluya una estimación de los costes extraordinarios derivados de la extinción del incendio, así como de las tareas paliativas y de regeneración del entorno a efectuar.
En cuanto a las infraestructuras, el análisis medirá las pérdidas provocadas en canalizaciones de aguas, senderos agrícolas, cortafuegos, instalaciones eléctricas, balsas, señalización vertical, deterioro de firmes asfálticos por las altas temperaturas, comunicaciones, deterioro de capa de rodadura de vías agrícolas y forestales por el tránsito de maquinaria pesada en las labores de extinción, entre otros.
El informe dedicará además un apartado específico a cuantificar los daños causados por el incendio de Tenerife en explotaciones agrícolas tanto de autoconsumo como empresariales, englobando los daños a los cultivos de viñedos, forrajeros y frutales, pérdidas de cosechas, animales e instalaciones, y abastecimiento de agua por los medios de extinción.
En el caso las explotaciones ganaderas no sólo se cuantificarán las posibles pérdidas, sino también los costes de la alimentación de animales durante la duración del suceso y posteriormente, la recogida de cadáveres y su tratamiento.
Efecto en la masa forestal
Desde el punto de vista del daño medioambiental causado por el fuego, el estudio de evaluación encargado por el Gobierno evaluará también el coste extraordinario de la restauración y regeneración de la masa forestal y su ecosistema. En este apartado se incluirían los costes de tratamiento en el terreno para evitar su erosión cuando se produzcan lluvias, medidas para fijar la tierra libre de follaje, así como actuaciones de limpieza y encauzamiento de barrancos y zonas de escorrentía ante los previsibles desplazamientos de tierras cuando se produzcan lluvias.
Finalmente, se incluirán también los costes extraordinarios derivados de actividades de repoblación a medio y largo plazo en aquellas zonas que lo precisen para una recuperación más rápida y efectiva de los
ecosistemas dañados.
También esta línea, la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha diseñado la redacción de un plan de acción contra incendios que se pondrá en marcha en el último cuatrimestre del año. Para diseñarlo, convocará una mesa de trabajo en busca de un consenso para la elaboración de una Ley Forestal para Canarias.
Por último, el Gobierno de Canarias ha encargado al Comité de Expertos para la Lucha contra el Cambio Climático la elaboración de un informe que proponga medidas específicas a adoptar en el archipiélago ante la amenaza de incendios considerados de sexta generación. El órgano de consulta dirigido por Aridane González pondrá en marcha este trabajo este mes de septiembre e invitará a colaborar a expertos en varias materias.
