A esta transferencia se suma una dotación adicional de 10.720.000€ para subvencionar el ‘Bono Residente Canario’. Con esta medida, la Consejería tiene como objetivo seguir consolidando el uso del transporte público en las Islas
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha iniciado la transferencia de una partida de 47.500.000 euros a las instituciones locales, procedentes de la Administración General del Estado, para financiar el transporte público regular de viajeros por carretera en las Islas correspondiente al año 2023.
Esta cuantía anual, destinada a fomentar la movilidad del transporte por carretera, ha sido transferida a los cabildos insulares por ostentar estos las competencias relacionadas con la programación, planificación y coordinación insular del transporte por carretera y, además, por ser los responsables de transferir dichos fondos a los operadores del transporte terrestre regular de viajeros, con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos de personal y de financiación del déficit.
El importe total de la partida, que se reparte en función de las necesidades del transporte público regular de viajeros en cada isla, se distribuye de la siguiente forma: 1.011.500€ para el Cabildo de El Hierro; 2.490.500€, para el Cabildo de Fuerteventura; 19.473.000€ para el Cabildo de Gran Canaria; 1.204.000€ para el Cabildo de La Gomera; 2.471.250€ para el Cabildo de Lanzarote, y 2.421.750€ para el Cabildo de La Palma. En el caso de la isla de Tenerife, las competencias se dividen entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con un montante de 16.090.500€ y 2.337.500€, respectivamente.
Esta dotación es completamente compatible con la aportación adicional de 10.720.000€ destinada a subvencionar el ‘Bono Residente Canario’, que se asigna atendiendo a los acuerdos alcanzados con los cabildos en función al número de habitantes de cada isla y a los usuarios del transporte público en ellas.
A través de las subvenciones procedentes de la Administración General del Estado y de la propia Comunidad Autónoma de Canarias, esta iniciativa ha revolucionado el transporte colectivo terrestre al garantizar su gratuidad, fomentando un modelo de movilidad sostenible.
