Esta propuesta, que parte de un informe elaborado por especialistas en el ámbito de la economía en base a la situación actual de las dos instituciones canarias, incluye los tres ejes de la nueva ley universitaria: una financiación estructural basal, otra por necesidades singulares y una más por objetivos
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha presentado hoy en rueda de prensa la propuesta planteada a las dos universidades públicas de las islas, la de La Laguna (ULL) y la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), de un nuevo Modelo de Financiación Plurianual del Sistema Universitario Público de Canarias que, entre otras cuestiones, permitirá mejorar la oferta y la calidad de la enseñanza, y aumentará significativamente sus fondos. El objetivo de este planteamiento es que las ambas instituciones puedan recibir los recursos económicos que necesitan para mejorar en los próximos años y atiendan así las necesidades de la sociedad canaria.
Así lo señaló hoy la titular del Departamento educativo, Manuela Armas, acompañada por el director general de Universidades, Manuel Ramírez, que indicó que la propuesta se vertebra en los tres ejes de financiación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y aclaró que cumple con todos los requisitos establecidos en esa normativa, por lo que el archipiélago se adelanta a otras comunidades autónomas en su aplicación.
De esta manera, se incluye una financiación estructural basal, que será suficiente para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones reales, de desarrollo de la actividad docente y formativa y la investigación estructural, incluyendo las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades.
Asimismo, se contempla una financiación estructural por necesidades singulares, que se establecerá en función de necesidades como la insularidad, la dispersión territorial y presencia en el medio rural de sus centros, el nivel de especialización de las titulaciones impartidas, la pluralidad lingüística de los programas, la existencia de infraestructuras singulares o el tamaño de las instituciones.
Por último, se cuenta con una financiación por objetivos, que se establece en función del cumplimiento de objetivos estratégicos que se hayan fijado en la programación plurianual, vinculados a la mejora de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, así como la igualdad de género.
Ramírez explicó que el modelo está construido a partir de una serie de indicadores objetivos y medibles que se agrupan en cuatro grandes ejes de mejora de la calidad, que son el de la calidad docente, de la inserción laboral, de la investigación y transferencia del conocimiento y de la equidad de género.
Asimismo, el director incidió en que, si bien las universidades tienen financiación pública garantizada por la Comunidad Autónoma, deben contar con capacidad para atraer fondos propios de proyectos de investigación o de actividades de transferencia, «y esta propuesta premia que estas instituciones sean capaces de mejorar su financiación a través de la captación de recursos competitivos, de manera que por cada euro que logren captar, el Gobierno de Canarias otorga una financiación adicional».
Los efectos esperados de una financiación universitaria por resultados, apuntó Ramírez, se materializarán en tres aspectos diferenciados. Por una parte, se reflejará en la eficiencia interna de estas, pues se prevé que el nuevo modelo exigirá el manejo de un buen sistema de costes unitarios, y permitirá el cálculo de la productividad de los factores y la objetividad en su retribución diferenciada. Además, también producirá efectos en la eficacia institucional, pues incentivará el ajuste de la oferta a la demanda, dará transparencia y mejorará el impacto de las preferencias de sus usuarios y usuarias, obligando a proporcionarles servicios con mayor valor añadido. Por último, incidirá además en la valoración social, no se financiarán costes incurridos, sino resultados. Los recursos captados serán el valor directo de la actividad universitaria y las fluctuaciones en la financiación se deberán a la variación en los resultados.
Armas insistió en que, con este nuevo modelo, se sentarán las bases de un nuevo tiempo histórico para las universidades públicas del archipiélago que les permitan afrontar los retos futuros y su adecuación al nuevo marco legislativo, por lo que Canarias será una de las primeras Comunidades Autónomas en alinear la financiación de estas instituciones públicas con el objetivo previsto en la LOSU, lo que permitirá la equiparación progresiva con la media de Sistema Universitario Español (SUE) y con la de los Estados miembros de la Unión Europea.
En definitiva, apuntó la consejera, esta propuesta aumentará «significativamente» la financiación universitaria y, se mostró convencida de que, en la medida en que el resto de agentes implicados también mejoren sus esfuerzos económicos y la capacidad de incorporación de recursos a través de fuentes de financiación competitiva, se conseguirá incrementar los recursos financieros de las universidades públicas.
La titular del departamento educativo comentó que para llegar a esta propuesta fue necesario conocer con antelación la situación de las dos universidades públicas canarias, para lo que se encargó un informe a un grupo de expertos en el campo de la economía de la educación universitaria que abordó el estado en el que se encuentran ambas universidades públicas canarias en aspectos como la perspectiva económica, la oferta de titulaciones, el rendimiento académico, la empleabilidad, entre otros.
La Consejería remitió ese expediente a los equipos rectorales de las dos instituciones, a las personas que presiden sus Consejos Sociales, a quienes ejercen la representación del estudiantado en cada una, así como a representantes del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS). También se trasladó a los actores externos del sistema universitario, como los Colegios Profesionales, y se les brindó la posibilidad, tanto los agentes internos como externos de las universidades públicas, para que hicieran llegar a esta Consejería sus valoraciones. El resultado de este trabajo, y de todas las consultas posteriores, es la propuesta planteada a las universidades públicas canarias en el marco de la LOSU.
Mañana se celebrará una reunión técnica de ambos equipos rectorales con el personal de la Dirección General de Universidades y de personal externo que han dirigido la elaboración del informe y del nuevo modelo de financiación. En ese encuentro de trabajo las universidades públicas tendrán ocasión de trasladar sus dudas y sugerencias de mejora sobre el nuevo modelo de financiación.
La responsable del área también recordó que ambas universidades han manifestado de forma recurrente su empeño en que se recupere la financiación plurianual y en que se aumente la cuantía y dijo que considera cumplido el primer aspecto al poner sobre la mesa el ofrecimiento de un marco de financiación plurianual «sin tener que esperar hasta 2025 para verlo materializado».
Sobre el segundo asunto, Armas adelantó que el nuevo modelo cumple con el compromiso de este Gobierno para mejorar la financiación universitaria, ya que supondrá un aumento de la financiación de las universidades públicas, alineado con el objetivo trazado por la recientemente aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que permitirá pasar del 0,54% del PIB regional al 0,67% en 2030.
Reconocimiento europeo a la ACCUEE
En el acto también participó el director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), Saturnino Martínez, quien junto a la titular del departamento educativo se refirió al reconocimiento europeo a este organismo autónomo adscrito a la Consejería.
Así, Martínez indicó que la ACCUEE ha formalizado esta semana su inscripción en el Registro Europeo de Aseguramiento de la Calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EQAR), lo que supone el reconocimiento pleno como agencia de aseguramiento de la calidad universitaria en el espacio europeo de educación superior y, por lo tanto, que sus informes sobre la calidad de los títulos universitarios cuentan con validez en los 47 países que conforman dicho espacio.
La Agencia cumple así con uno de los requisitos fundamentales para ejercer su actividad marcados en el Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
Estas nuevas competencias también permiten reformar los procesos de aseguramiento de la calidad universitaria en Canarias, aligerando la carga burocrática. El responsable de este organismo autónomo señaló que «en breve, la ACCUEE tendrá preparado el nuevo protocolo, en el marco la normativa canaria universitaria, y con sensibilidad a la realidad del sistema universitario de las islas».
