El fiscal ve indicios de delitos continuados de prevaricación y de fraude en la contratación administrativa
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia contra el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (AISU-CC), y los concejales del grupo de gobierno Santiago Pérez Ramos y Juan Manuel Amador Gutiérrez por decenas de contrataciones que considera irregulares, abuso de los contratos menores y levantamiento de reparos. Contrataciones de diez servicios distintos (como agua potable, parques y jardines, ferretería o material de construcción, fontanería y pintura) que entre 2018 y 2022 suman 8,2 millones de euros en gasto público, con 195 informes de reparo y 86 decretos de levantamiento de reparos.
A raíz de una comparecencia del concejal portavoz del PP, Eduardo Suárez, en febrero del pasado año 2022, el fiscal inició diligencias de investigación que apenas un año después han derivado en una denuncia por indicios de delitos continuados de prevaricación y de fraude en la contratación administrativa. Este segundo delito no se le imputa al concejal Santiago Pérez Ramos, pero sí al alcalde Acosta, al edil Amador y a nueve representantes de empresas vinculadas con estas contrataciones en cuestión.
Las conclusiones de la Fiscalía señalan que existiría un delito de prevaricación administrativa continuada «por el uso masivo y recurrente de la contratación menor cuando es a todas luces evidente que no es admisible (…) unido al hecho de no incoar los expedientes de contratación legalmente procedentes (…) y al sistemático levantamiento de los reparos formulados por la intervención para mantener esta situación irregular». Para el fiscal, resulta «evidente que se ha actuado de espaldas a la ley, retorciendo el ordenamiento jurídico sin una interpretación jurídicamente admisible que justifique lo realizado». Además, se alega la presunta «simulación de una concurrencia de empresas en contratos menores de suministro de ferretería, tratando de aparentar que se cumple con lo que exige la legislación».
Entre 2018 y 2022 se formalizaron contratos menores por valor de 8,2 millones de euros
Respecto al fraude continuado en la contratación pública, la denuncia señala que «el hecho de que se solicite presupuesto y se contrate constantemente a empresas controladas por las mismas personas, existiendo en los expedientes datos de sobra para saber que son las mismas personas, unido al hecho de que esas solicitudes de presupuesto y contrataciones sean reiteradas, evidencia que no es un mero error ni se trata de particulares que han engañado a la administración. Y supone la existencia de serios indicios de que ha habido concierto entre los implicados para la adjudicación ilícita de contratos».
La Fiscalía advierte de que «si se acredita que existe enriquecimiento a favor de alguno de los intervinientes a costa de fondos públicos, podría haber incluso delito de malversación de caudales públicos». Si estos indicios se concretaran, la investigación judicial se extendería también a las empresas involucradas.
El fiscal subraya que «el interés general y el carácter esencial de los servicios tampoco suponen una suerte de carta blanca que permita a los integrantes de la administración actuar como quieran. Ni el interés general ni el carácter esencial de un servicio eximen de cumplir la ley. Puede haber una irregularidad administrativa puntual que no sea constitutiva de delito, pero en este caso concreto, es inaceptable apelar al interés general y al carácter esencial de los servicios para sostener la licitud de una actuación y omisión absolutamente generalizada y perpetuada en el tiempo».
En el texto de la denuncia se señala que «no se entiende de dónde extraen los concejales y el alcalde la chocante interpretación de que la cuantía máxima de los contratos menores, respecto del mismo servicio o suministro y en cómputo anual, se refiere a cada empresario. Dando a entender que se puede adjudicar a múltiples empresarios contratos para el mismo servicio con tal de que no superen, en cómputo anual, la cifra de 14.999,99 euros para cada uno de ellos. Es una interpretación tan flagrantemente contraria a la ley que no es sostenible en modo alguno desde el punto de vista de ningún criterio jurídico».
Además, añade que «sorprende que se diga que esos contratos entran dentro de lo permitido para los contratos menores, cuando muchos exceden de dicha suma por 1 céntimo, y otros por 1.050,01 euros. Por no hablar de los de aguas y algunos de ferretería, que multiplican por varias veces la cuantía máxima por la que cabe un contrato menor». Para la Fiscalía, «esto no hace sino ahondar en el nulo interés que ha habido por ajustarse a la legalidad, y el completo interés que sí ha habido por apartarse de ella».
Fuentes del Gobierno local han indicado que todos los contratos realizados en el ejercicio de sus funciones se formalizaron «para atender necesidades del municipio que en muchos casos resultan inaplazables, como la compra de agua potable y de suministros».
Fuente: El Día
