Doce de los ochenta y ocho ayuntamientos canarios no han respondido a ninguno de los cuestionarios informativos remitidos por el Comisionado de Transparencia de Canarias, con la colaboración de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Los ayuntamientos que no han respondido son los de Granadilla de Abona, La Oliva, (dos de más de 20.000 habitantes) Pájara, Santa Brígida, (dos entre 10.000 a 20.000 habitantes) y El Paso, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Los Silos, Tazacorte, Tijarafe y La Victoria de Acentejo, a pesar de que se amplió por dos el plazo de entrega.
Y ello a pesar de que este segundo año de análisis se simplificó notablemente el método y uno de los dos cuestionarios apenes costaba quince minutos cumplimentarlo. El Gobierno de Canarias y los siete cabildos respondieron, resalta el Comisionado en un comunicado.
El número de respuestas mejoró respecto al año anterior al anterior, ya que entonces dejaron de contestar 58 de los 88 ayuntamientos (el 63%); mientras que este año no han respondido el 13,6%. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de ayuntamientos y cabildos, el Comisionado de Transparencia de Canarias les trasladó un modelo de test de evaluación de todas las obligaciones informativas señaladas en la Ley de Transparencia de Canarias y prorrogó por tres veces su plazo de cumplimiento.
El modelo de evaluación incluye grupos de datos tipo que la norma canaria determina que han de publicarse en las páginas web o los portales de transparencia públicos. Se construyó por los servicios del Comisionado a partir de la simplificación y adaptación a la Ley de Transparencia canaria del primera propuesta de evaluación desarrollada por la Agencia Española de Evaluación de la Calidad (AEVAL) y el Consejo de Transparencia en octubre de 2015.
Ello ha posibilitado que Canarias, junto a Cataluña, sean las dos comunidades en las que se ha ensayado la evaluación de la transparencia del conjunto de su sector público en dos años de vigencia de sus leyes autonómicas. Tras el primer año de vigencia de la norma canaria, activa desde enero de 2015, ayuntamientos y cabildos vienen obligados por la Ley de Transparencia de Canarias (art. 12) a realizar anualmente un informe de cumplimiento, que deberá ser de acceso público; así como a facilitar esa información al órgano garante de control y seguimiento, el Comisionado, que reportará a la Cámara regional.
Para la definición del modelo de evaluación se han mantenido contactos o reuniones de trabajo con representantes del Consejo de Transparencia estatal, la Agencia Española de Evaluación de la Calidad (AEVAL), la FECAI y FECAM. Después de valorar modelos de más alta complejidad para pequeños municipios, se ha apostado un formato de evaluación más sencillo y simplificado que permite definir en un solo acto el nivel de cumplimiento de las leyes de transparencia estatal y canaria, sin que los técnicos de cada institución tengan que reduplicar su trabajo a esos efectos.
