La Consejería publica hoy la primera convocatoria que permite el acceso a la propiedad de estas casas protegidas en aplicación del Decreto aprobado el pasado mes de enero y del que podrán favorecerse un total de 10.500 familias que llevan viviendo como inquilinos en una vivienda pública antes de 1996
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la primera de las resoluciones del nuevo Decreto de Medidas de Acceso a la Propiedad de Viviendas Protegidas para inquilinos que lleven más de 25 años viviendo en ellas, una convocatoria inicial de la que podrán beneficiarse ya 1.486 familias. Se estima que un total de 10.500 familias que llevan de alquiler en promociones de vivienda pública desde antes de 1996 se verán favorecidas por las distintitas convocatorias que se van a llevar a cabo a lo largo del año en aplicación de este Decreto, que entró en vigor el pasado mes de enero.
Con esta primera resolución se les ofrecerá la opción de adquirir la propiedad a 853 unidades familiares en la provincia de Las Palmas y a otras 633 en la provincia de Tenerife. Una vez publicada en el BOC, los técnicos del ICAVI ofertaran las viviendas protegidas de promoción pública a cada adjudicatario que contará con un plazo de 12 meses para formalizar su solicitud. Para facilitar el acceso a la vivienda, la Consejería, además, ofertara a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y, del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.
Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, haber satisfecho el 35% de las cuotas facturadas correspondientes al alquiler de la vivienda o el 50% del precio de venta de la misma, y que la vivienda se encuentre asegurada como mínimo contra incendios y riesgos catastróficos.
Para la aplicación del decreto se ha diseñado una convocatoria trimestral a lo largo de este año, hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto, que son aquellos que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999) y, el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Por lo tanto, este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996. Con esta medida se cumple un compromiso adquirido por este Gobierno, tras más de diez años sin que los inquilinos pudieran acceder a su propiedad.
Con la aprobación de este Decreto el pasado mes de enero, se incorpora una novedad importante ya que permite aglutinar todos los decretos anteriores de acceso a la propiedad tramitados en la Comunidad Autónoma Canaria, permitiendo que se pueda ofertar la venta de los grupos de viviendas o unidades de ellas y que, una vez concluida una oferta, pueda volver a ofertarse, simplificándose notablemente el procedimiento.
