Rafael Yanes: «La cita previa obligatoria es un abuso inaceptable de la Administración Pública»

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El Diputado del Común entregó a Gustavo Matos el Informe Anual de 2022 de la Diputación del Común

El Diputado del Común, Rafael Yanes, entregó al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el Informe Anual de 2022 de la Diputación del Común. Además, Yanes avanzó algunos datos y reflexionó sobre algunos casos que preocupan a la Institución y que han sido queja continua durante el año de estudio.

El Informe refleja la vuelta a la normalidad después de superar la crisis provocada por la pandemia. Durante el año se registraron 2.925 quejas, que consolidan el crecimiento de los últimos cinco años en un 63%, pero supone una disminución con respecto al año 2021 del 20%. El área que más reclamaciones recibió vuelve a ser Dependencia, aunque con una disminución del 36% con respecto al año anterior.   

El Informe revela informaciones destacables en relación a las 29 áreas de gestión con las que trabaja la Diputación. Según Yanes, a rasgos generales, “el mayor crecimiento se registra en Vivienda, con un 64%, lo que demuestra que es una preocupación importante en nuestra Comunidad Autónoma”. Señaló, en esta misma línea, que el área de mayor disminución es Tecnología de la Información y la Comunicación, con un 89%, “debido a que gran parte de las quejas del año anterior fueron presentadas individualmente”.  

Por último, el Diputado del Común quiso destacar como dato negativo la respuesta de la Administración Pública a las peticiones de información. “La ley del Diputado del Común recoge que se debe contestar en 15 días, algo que sistemáticamente se incumple”.  

Yanes hizo especial hincapié en que la cita previa obligatoria es “un abuso inaceptable de la Administración Pública” y añadió que es aconsejable, “porque así el ciudadano es atendido con puntualidad”. “Puede ser de atención preferente, pero nunca una condición indispensable. La Administración tiene que humanizar la atención al público. Exigir la cita previa limita los derechos de las personas, y la Administración Pública debe garantizar el mejor servicio a la ciudadanía”.

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