El presidente insular, Pedro Martín, asegura que el año pasado se ejecutaron 858,2 millones de euros, más que ningún otro año
El Cabildo de Tenerife cerró 2022 con la mayor ejecución presupuestaria de su historia en términos absolutos, con un total de 858,2 millones de euros. El presidente insular, Pedro Martín, explica que, a pesar de que el presupuesto insular se ha incrementado un 20% desde 2018, último año del anterior mandato, el nivel de ejecución se eleva al 84%, en términos similares al de años anteriores, pero con un presupuesto mucho mayor que ejecutar. Martín añade que esta ejecución presupuestaria histórica “podría haberse incrementado si CC no hubiera frenado la inversión del Cabildo al votar en contra de la aprobación de una modificación presupuestaria 64,3 millones de euros el pasado mes de mayo”.
Aun con estas dificultades, el presidente destaca que el importe total del presupuesto de 2022 alcanzó los 1.017 millones de euros, lo que representa el mayor de la historia de la Corporación insular. Esta cifra no contempla los créditos que se transfieren a los ayuntamientos por ingresos REF (Carta Municipal), que en el anterior mandato se incluían en las cuentas insulares, en contra del criterio establecido por la Intervención General.
“En este mandato el presupuesto ha crecido de manera muy importante pese a las dificultades que nos encontramos al inicio del mismo, tanto con los procedimientos obsoletos de gestión interna, que heredamos del anterior gobierno insular, como por las circunstancias especiales sobrevenidas por la pandemia, la posterior crisis social y económica y, más recientemente, por las consecuencias de la guerra de Ucrania”, señaló el presidente. En comparación con 2018, se ha aumentado la ejecución presupuestaria en 148 millones de euros.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, incide en que los buenos resultados de ejecución presupuestaria de 2022 “se han alcanzado siguiendo los procedimientos legales establecidos y suprimiendo las prácticas irregulares llevadas a cabo en el anterior mandato. Alrededor de un tercio de los créditos ejecutados en 2018 y 2019 se contabilizaban a través de estos procedimientos irregulares, saltándose pasos obligatorios como la previa fiscalización, lo que hacía que se incrementaran los porcentajes de ejecución presupuestaria, sin garantizar la legalidad de cada gasto”.
