La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda recibirá los 81 millones de euros que el Estado transferirá a Canarias en 2023 y posteriormente se acordará con los cabildos insulares la distribución de los recursos entre las diferentes islas
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha acordado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y con los cabildos insulares, la regulación de los fondos que el Gobierno de España ya tiene consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la finalidad de implantar la gratuidad del servicio público de guaguas y tranvía en Canarias. El consejero Franquis y los consejeros de Transporte de los cabildos mantuvieron una reunión de trabajo en Madrid con la secretaria general de Transportes del Ministerio, María José Rallo, en la que se acordó que los 81 millones de euros que incorporan los PGE de 2023 a través de una enmienda, se transfieran a la Consejería regional.
“Ha sido una reunión positiva porque, entre otras cuestiones, hemos acordado con el Ministerio que el Gobierno de Canarias planifique y gestione la gratuidad del transporte público terrestre, y que nosotros, junto a los cabildos, vamos a establecer los criterios de distribución de esos 81 millones de euros en base a las necesidades y a la realidad de cada isla”, manifestó Sebastián Franquis.
Además de aclarar la gestión de estos fondos para la bonificar gratuidad de los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre en 2023, el consejero Franquis también expuso a la secretaria general del Ministerio las dudas que han surgido entre las distintas operadoras canarias para llevar a cabo esta medida con los recursos recogidos en la enmienda incluida en los PGE.
“Seguimos teniendo serias dudas de que esos 81 millones de euros sean suficientes para pagar la gratuidad de todo el transporte terrestre en Canarias en base a la información que nos trasladan los operadores, y esas dudas se las hemos trasladado al Ministerio”, explicó Franquis, “por eso, lo que hemos convenido es que en el primer trimestre de aplicación de esta medida, a finales de marzo, tendremos otro encuentro con el Ministerio para analizar la realidad del alcance de la medida, y en base a esa evaluación, el Ministerio está abierto a buscar fórmulas para incrementar la financiación si así fuera necesario y se demuestra que el importe recogido en la enmienda no concuerda con la realidad”.
Franquis aseguró que, desde el Gobierno de Canarias, junto a los cabildos, se está haciendo todo lo necesario para implantar la medida de la gratuidad del transporte terrestre con los recursos suficientes. “Por supuesto que apoyamos esa medida, pero lo que queremos es que no provoque el efecto contrario y que, si no se hace bien, se expulse a los usuarios habituales del transporte público terrestre por no prestarse el servicio con la necesaria calidad”.
En este sentido, el consejero Franquis también aclaró que lo que se va a financiar con estos fondos son los pagos que realizan los usuarios de guaguas y tranvía en Canarias, es decir, el 25% del coste real de los servicios de transporte terrestre. El 75% restante lo financian los cabildos y ayuntamientos con sus recursos y con las aportaciones que hace también el Gobierno de Canarias.
“Las administraciones canarias pagan la mayor parte del coste de este transporte para poder prestar un servicio moderno y de calidad como el que se ofrece en Canarias”, añadió el consejero Franquis, “por tanto, oír que alguien de la oposición dice que los cabildos pueden aportar más recursos con lo que se ahorran de los bonos deja patente que quien lo dice tiene un profundo desconocimiento de la medida que han defendido en su enmienda y de las consecuencias que va a tener porque, en ningún caso, esos 81 millones van a pagar todo el sistema de transporte terrestre de Canarias, solo cubrirán, y no completamente, el 25% del coste total del servicio. Insisto, decir que el Gobierno y los cabildos nos vamos a ahorrar recursos con esta medida es absolutamente falso. No se debe confundir a la ciudadanía con este tipo de declaraciones”.
En lo que respecta a los títulos de viaje a los que se va a aplicar esta bonificación del cien por cien, Franquis puntualizó que se va a aplicar en línea con lo que recoge expresamente la enmienda de los PGE, es decir, garantizando la gratuidad a los abonos y a los títulos multiviaje. El consejero regional y los cabildos acordaron mantener una nueva reunión en los próximos días para establecer el número de viajes mínimo que será necesario completar para optar a la bonificación.
“La medida que se va a establecer en Canarias es la recoge la enmienda, y la enmienda dice claramente que lo que se va a financiar son los abonos y los títulos multiviaje. Eso es lo que se va a abonar. Me sorprende que los mismos que redactaron esa enmienda digan ahora en declaraciones públicas que el transporte será gratuito para todos”, indicó el consejero Franquis.
Según las estimaciones de las distintas operadoras canarias, se prevé un incremento de en torno al 5 o 7% de viajeros con la implantación de la bonificación al cien por cien de los abonos, unas cifras que se añaden al 16% de incremento que ya se registró en septiembre con la entrada en vigor de la bonificación del 50%.
Billetes aéreos
El consejero Franquis también ha trasladado al Ministerio, en los distintos encuentros que ha tenido en el día de hoy con Rallo y con la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, los últimos datos del Observatorio de Precios sobre el precio de los billetes aéreos en Canarias que confirman un incremento de entre el 18% para billetes de residentes y un 19% para los no residentes, tras la estabilización del sector aéreo tras la crisis sanitaria, estos incrementos se ven acentuados en fechas señaladas como verano y Navidad.
“Una vez hemos comprobado que existe este incremento, hemos acordado con el Ministerio la creación de un grupo de trabajo para estudiar las diferentes posibilidades para concretar medidas que permitan un mayor control sobre estos precios”, indicó Franquis. “Desde el Gobierno ya se trabaja en diferentes opciones que, además de encajar en el ámbito jurídico, logren un perfecto equilibrio entre un necesario control del incremento de los precios y que, al mismo tiempo, no afecte al número de plazas aéreas que se ofertan en las conexiones con Canarias”, señaló. Por último, el consejero regional afirmó que se barajan varias opciones para logra este objetivo, entre ellas la posibilidad de establecer una Obligación de Servicio Público (OSP) en algunas rutas aéreas que conectan con Canarias ya que el incremento no es igual en cada ruta.
