El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), organismo autónomo dependiente del Cabildo, ha acordado en su última reunión, pedir al Gobierno de Canarias que emplee los medios legales a su alcance a través de la Ley de Ordenación del Territorio para agilizar la presentación del Plan Hidrológico de Tenerife, cuya demora supondría una pérdida de los fondos europeos necesarios para las inversiones de abastecimiento y depuración de aguas residuales en la Isla. Con este fin, el Consejo propone firmar un convenio con el Ejecutivo regional que facilite la puesta en marcha de este proceso.
El responsable insular de Aguas, Manuel Martínez, señala que este acuerdo CIATF fue adoptado el pasado viernes día 24 y se extiende a las otras seis comarcas hidráulicas de Canarias. Explicó que esta demanda al Gobierno de Canarias surge ante el requerimiento de las autoridades europeas y está en la línea de los acuerdos adoptados por la Federación Canaria de Islas (Fecai), que ya solicitó al Ejecutivo regional que avance en la tramitación de estos planes.
El CIATF señala en su acuerdo que el uso del artículo 47 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias por parte del Gobierno autónomo posibilitaría que se garantizase el cumplimiento del plazo que ha dado la Comisión Europeo al Estado español y por consiguiente, a las autoridades locales, poniendo a salvo así los recursos que son imprescindibles para llevar a cabo las inversiones que necesita la Isla en materia de aguas.
De no ser así, la Unión Europea podría incluso sancionar a España, multa que recaería sobre los presupuestos de las instituciones insulares. Además el uso del citado artículo no exime que se siga con posterioridad el trámite ordinario para convalidar de esa manera las medidas urgentes realizadas para cumplir con Europa.
De esta manera, desde el Consejo Insular de Aguas solicita al Gobierno de Canarias que inicie, utilizando esas herramientas legales que están a su disposición, el procedimiento para echar a andar el proceso, incluida la elaboración del Estudio de Sostenibilidad Ambiental, así como la declaración de urgencia de la tramitación. Para ello, desde el Consejo propone la formalización del citado convenio con el Gobierno de Canarias, para que todo este proceso se lleve a cabo con todas las garantías, posibilitando a su vez que los fondos europeos no se vean comprometidos.
