Águeda Fumero, consejera del PP en el Cabildo de Tenerife, pide al gobierno insular que el Cabildo, como administración, exija al Ministerio de Trabajo y Economía Social que retire, de forma inmediata, el anteproyecto de ley que regula los incentivos a la contratación laboral “por resultar altamente perjudicial para el empleo de las personas con discapacidad”
El Partido Popular en el Cabildo de Tenerife defenderá una moción en la próxima Comisión Plenaria de Presidencia y Acción Social para que la institución insular exija al Gobierno del Estado, y más concretamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a que proceda, de forma urgente, a retirar el anteproyecto de ley que regula los incentivos a la contratación laboral “por resultar altamente perjudicial para el empleo de las personas con discapacidad”.
Así lo ha anunciado la consejera del PP en el Cabildo tinerfeño, Águeda Fumero, que pone de manifiesto que la nueva normativa que pretende aprobar el ejecutivo nacional “deroga muchos de los incentivos existentes para la contratación de personas con discapacidad, afectando a empresas ordinarias y a centros especiales de empleo”.
En la actualidad existen alrededor de 2.300 centros especiales de empleo, tanto de iniciativa social como empresarial, que dan trabajo a cerca de 100.000 personas con discapacidad, y que se verán “gravemente afectados por esta nueva legislación, que elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en estos centros”.
Fumero denuncia que, sin las bonificaciones e incentivos existentes en la actualidad, “la tasa de ocupación de personas con discapacidad será incluso peor, afectando negativamente a la participación y la autonomía de estas personas, en contra de los objetivos establecidos en la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030 y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030”.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en España residen actualmente unos 4,5 millones de personas con discapacidad, y sin embargo, solo 1 de cada 4 tienen un empleo. Águeda Fumero concluye que la importancia de mantener las bonificaciones en la contratación de personas con discapacidad “radica en que el empleo es uno de los grandes pilares de la inclusión, al constituir una de las referencias básicas de la integración de una persona en la sociedad, así como el elemento que le permite la independencia en su desarrollo”.
