El centro podrá reanudar su actividad una vez cumpla la normativa medioambiental y sanitaria establecida
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha tomado la decisión de cesar de manera inmediata la actividad pública de la Asociación Protectora de Gatos La Rosaleda. Una medida pensada y decidida con el consenso de la presidencia del centro privado, cuya situación actual imposibilita la atención de manera segura a cualquier animal que pueda entrar en el centro.
El informe en el que se basa esta decisión detecta incumplimientos veterinarios, sanitarios, medioambientales y urbanísticos en la citada instalación. Un cúmulo de circunstancias insalvables en el corto plazo, en unas instalaciones que según el informe se encuentran obsoletas y que podrían convertirse en foco de infección para los propios animales.
Desde la concejalía de Bienestar Animal se recibió el pasado mayo una solicitud de amparo municipal por parte de la protectora de gatos La Rosaleda, con domicilio en el municipio, que declaraba estar atravesando una situación sanitaria muy complicada. En la solicitud advertía del fallecimiento de 46 gatos en tres meses a raíz de múltiples contagios que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no lograban controlarse.
Por ello y bajo la presidencia de a de la Asociación Protectora desde el pasado mes de enero por parte de Idaira Esther González, se marcaba así el inicio de un proceso de investigación por parte del consistorio, que se extendería desde entonces y en el que han participado la presidenta del Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias y presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, junto con los técnicos municipales de Medio Ambiente y Sanidad, la concejalía de Bienestar Comunitario y la Policía Local, además de la unidad de la Guardia Civil SEPRONA.
El Ayuntamiento, de la mano del concejal específico delegado en Bienestar Animal Alberto Castilla, consiguió de esta forma organizar un equipo completo del más alto nivel, con quienes se ha elaborado un informe pormenorizado de las circunstancias de las instalaciones del refugio. Un proceso durante el cual la asociación logró aparentemente dar respuesta a la grave problemática planteada inicialmente, consiguiendo frenar el número de muertes que se estaban produciendo. El informe elaborado desarrolla el cumplimiento con las leyes correspondientes sobre tenencia de animales, que pone en manos de los municipios el velar por el acatamiento de las normas establecidas.
La actuación, que finaliza este proceso con el cese de la actividad pública, les permite continuar con la que ya existe con los gatos que hay en el centro, siempre con el objetivo de velar por la dignidad y el bienestar de los individuos que se encuentran dentro del centro.
Tras esta declaración por parte del municipio después del análisis exhaustivo de las instalaciones, se da cuenta del debido cumplimiento que hay que dar a las ordenanzas y leyes existentes, recordando que el abandono animal es un delito penado con cárcel. Es por ello por lo que, para perseguir este tipo de infracciones que la protectora asegura desde hace muchos años que ocurre en los exteriores de sus instalaciones, se intensificará la vigilancia policial en las inmediaciones de la misma.
De igual forma se elevará el caso a instancias superiores y se creará una mesa de trabajo con las áreas implicadas, que asesorará a la asociación a todos los niveles de cara a poder recuperar en un futuro próximo su actividad pública, si así lo considerase.
