El presidente insiste en que los canarios cuentan con un descuento en los bonos de todas las guaguas y el tranvía del 50%, mientras que en la Península y Baleares la bonificación se limita al 30% para el 90% de los desplazamientos
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, negó esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno autonómico en el Parlamento regional, que exista un agravio comparativo entre los ciudadanos de las Islas y los del resto de España en relación con el decreto de bonificaciones en los billetes del transporte terrestre colectivo y público aprobado recientemente por el Gobierno de España para así abaratar los precios por las consecuencias generales de la invasión rusa de Ucrania.
Torres explicó que, frente al 30% de descuento que se disfruta en el resto del país para el 90% de los desplazamientos, en las Islas la ayuda representa el 50% del 100% de los movimientos mediante bonos de guaguas y tranvía, con lo que Canarias se convierte en la comunidad autónoma con más subvención promedio por viajero de todo el país.
El jefe del Ejecutivo reprochó a CC que nunca diga que la gratuidad del transporte en el resto del país “sea sólo para el 10% de los usuarios, el de los trenes de cercanías y radio medio que llegan a menos núcleos poblacionales que los municipios que, por ejemplo, tiene Gran Canaria, pues el 90% usa el metro, la guagua o el AVE”.
Torres aclaró que, en el pleno del pasado 26 de junio, nunca habló de agravio, sino de que había que incrementar el 30% general en las Islas, algo que sólo se ha conseguido al final en Canarias tras alcanzar el 50%. Esto hace que, si se suman todas las subvenciones al transporte terrestre en el país, los canarios reciben una ayuda del 50% y el resto de españoles un promedio del 36%, con lo que lejos de haber un agravio hay un trato claramente más favorable en las Islas.
“Hablan de asesinato socialista y traición, cuando la traición es firmar un convenio de carreteras, el vigente, que obliga a no financiar en convenios futuros las obras no ejecutadas en el actual, algo que sí hizo CC”, recalcó. El presidente considera que lo que hay que hacer ahora es el mayor esfuerzo posible para tratar de prolongar esa bonificación al transporte a partir de 2023.
“Un gobierno que no diga la verdad a la gente no es digno”
Torres también aclaró que el proyecto de ley sobre la Presidencia remitido al Parlamento por el Gobierno de Canarias no prevé, en ningún caso, un sueldo vitalicio para los expresidentes de las Islas sino, si así lo decide la Cámara regional, retribuirles en función de las aportaciones que realicen en determinados órganos públicos a la sociedad, siempre, recalcó, tras la decisión del Parlamento, “pues eso es lo normal”.
El presidente reprodujo su reciente intervención en una emisora de radio para demostrar lo que había dicho en realidad sobre esa cuestión y reprochó al PP que mintiera en la Cámara al atribuírsele una afirmación que nunca dijo sobre los sueldos vitalicios, “sobre los que estoy absolutamente en contra”. Torres lamentó que no se aproveche la sesión parlamentaria para preguntarle “por el paro, los derechos sociales y lo que importa a los canarios. Un gobierno que no diga la verdad a la gente no es digno”, sentenció.
Precisamente sobre dependencia, Torres se congratuló de los datos de este año o del pasado mes de agosto y, aunque remarcó que aún queda mucho por hacer, considera que son consecuencia de la apuesta presupuestaria, de personal y de las nuevas metodologías de trabajo aplicadas. Según las cifras oficiales, ahora se han tramitado 10.000 expedientes de grado o PIE, “más del doble que al llegar al Gobierno.
En todo 2018 se respondió a 2.283 personas, mientras que hasta agosto la cifra ya es de 4.853. “Además, y lejos de lo que se nos reprocha, la prestación de hasta 370 euros representa ahora el 35,28%, cuando en 2018 fue del 41%; además la lista de espera ha bajado desde entonces de 28.000 a 20.000, si bien hay que tener en cuenta que se han añadido otros 10.000 expedientes nuevos”, expuso el presidente de Canarias.
Ecotasa y retos en lo que queda de mandato
Torres dejó claro también que su Gobierno no renuncia al estudio de la implantación de una ecotasa turística en las Islas, pues así lo incluye el punto 9 del Pacto de Progreso actual, si bien explicó que, tanto tras la quiebra de Thomas Cook como por la pandemia de la covid-19, ese análisis se dejó pendiente porque no era el momento ideal.
A su juicio, ese debate, “que algunos sectores económicos ven con buenos ojos”, ha de hacerse en el futuro, pero con tranquilidad y con la participación de todos los ámbitos afectados. “Hay que definir la cuantía, el momento adecuado, sobre todo por la incertidumbre actual por la inflación y los precios de la energía, con la finalidad de buscar un mejor turismo, más sostenible y con más derechos sociales para las Islas”. A su juicio, las cuatro fuerzas del Pacto serán capaces de ponerse de acuerdo sobre esto.
En relación con los retos para lo que queda de mandato, insistió en que el objetivo es que los isleños se encuentren “una Canarias mejor que la que había en 2019, con 2.600 profesores más, educación pública de 0 a 3 años, 4.000 sanitarios incorporados, un convenio de carreteras que se cumple, un Posei de 2021 a 2027, impulso a las empresas y pymes, mantener y consolidar las cifras de turismo, rigor económico, más derechos sociales, con cifras récord como las de dependencia y una respuesta modélica a las distintas catástrofes sufridas”.
Asimismo, destacó las futuras leyes de Renta Ciudadana de Canarias, los Presupuestos de la Comunidad para 2023 y la del Cambio Climático, al tiempo que valoró la estabilidad política que ha dado el Pacto de Progreso que, por segunda vez en la historia de Canarias, “acabará una legislatura sin rupturas”.
También se refirió a que haya sana competencia entre las islas para aspirar a las sedes de la Agencia Europea del Turismo, de la Agencia Espacial de España o del Centro Nacional de Vulcanología. El presidente de Canarias además resaltó la transferencia de las competencias en Costas a Canarias o las de tutela financiera en las administraciones locales, confirmadas el pasado julio, así como su confianza en que se logre la de la seguridad privada.
