El procedimiento legal prescribe la intervención judicial ante dos personas que se negaron a abandonar el inmueble
El procedimiento administrativo de desalojo del edificio Iders en Puerto de la Cruz continua con su cauce legal con la intervención judicial ante la negativa de dos de las personas desalojadas a abandonar el inmueble declarado en ruina inminente.
«Seguimos trabajando para cumplir escrupulosamente con lo que la legalidad nos dicta ejecutando punto por punto lo referido a la declaración de ruina inminente del edificio que es la solución técnica y jurídica que cuenta con todas las garantías legales para dar solución a la problemática del edificio Iders», explicó el alcalde Marco González, que espera que lo antes posible llegue la autorización judicial para seguir con el procedimiento estipulado.
Así, el Ayuntamiento prosigue con el dispositivo necesario para completar el desalojo a la espera de que la autoridad judicial se pronuncie tal y como marca el procedimiento legal que se aplica a este tipo de desalojo administrativo.
La declaración de ruina inminente prescribe el desalojo del edificio, además de instar a los actuales propietarios tras su notificación a limpiar y a tapiar el edificio y a presentar un proyecto de demolición. En el caso de que la propiedad no dispusiese lo necesario para llevar a cabo estas actuaciones, el ayuntamiento estaría habilitado para hacerlo con la obligación de repercutir el coste a los propietarios.
Esta hoja de ruta con los plazos marcados por la ley es la culminación de todo un proceso iniciado el pasado mes de marzo para alumbrar una solución «que da las máximas garantías legales». Una solución que dé respuesta a un problema que se ha venido dando desde que en 1991 se decretara el desalojo del edificio por aluminosis y que, tras años de vicisitudes jurídicas que han complicado «hasta el extremo» la situación, tiene «por fin una respuesta respaldada por todos los informes técnicos y jurídicos necesarios».
