El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos ha decidido archivar la causa abierta contra los exalcaldes socialistas de Buenavista del Norte Aurelio Abreu y Víctor Lorenzo por las obras del centro social La Cuesta. La juez no ve indicios de delito en la actuación de ambos y apuesta por cerrar el caso que se abrió a raíz de una denuncia que presentó Sí se Puede en mayo de 2015, días antes de las elecciones municipales, cuando aún gobernaba Antonio González Fortes (SSP) en el Ayuntamiento buenavistero.
El ahora vicepresidente insular y consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, Aurelio Abreu (PSOE), ha declarado al periódico El Día que esta decisión del juzgado supone que la causa se archive «por segunda vez. En 2014, la Fiscalía Anticorrupción consideró que se había actuado de forma correcta y no admitió a trámite una primera denuncia de SSP. Ahora, con los mismos argumentos que entonces, el juzgado apuesta también por archivar».
«Ni yo ni Víctor Lorenzo hemos sido citados a declarar en todo este proceso que ha durado varios años. No ha hecho falta. Todo el mundo tiene claro que el trabajo de aquel taller de empleo, en el que participaron 40 jóvenes, está justificado. No lo decimos nosotros. Lo dicen los técnicos municipales, el fiscal y ahora la juez», recalcó Abreu.
A su juicio, «este asunto ha sido una persecución personal pura y dura. Y a partir de ahora, si alguien quiere seguir con esto, que siga, pero con sus propios recursos económicos».
La segunda querella la presentó SSP mientras gobernaba, en nombre del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, por lo que la institución ha estado personada en el procedimiento.
La actual alcaldesa, Eva García (PSOE), convocó esta semana un pleno extraordinario para decidir qué hacer tras la decisión del Juzgado de Icod de archivar la causa. El grupo de gobierno (PSOE-CC) apostó por no recurrir, con el voto en contra de SSP.
García declaró a El Día que «el ayuntamiento no podía seguir adelante con un asunto que primero investigó la Fiscalía y luego el Juzgado sin ver indicios de ningún delito. No hay ningún argumento para continuar con esto y por eso hemos optado por no oponernos a la decisión de la justicia».
«SSP mantiene que existe un perjuicio para el ayuntamiento, pero en nuestra opinión el único perjuicio para este ayuntamiento sería empecinarnos en seguir insistiendo en algo en contra del criterio del fiscal y de la juez», recalcó la alcaldesa.
