Se reconoció la necesidad de la conservación y la sobrecarga causada por el turismo y las diferencias aparecieron en la defensa de intereses de sectores específicos
El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) abrió el pasado sábado 5 de junio el debate público sobre el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide. La mesa redonda tuvo lugar en Buenavista del Norte, en el marco del festival cinematográfico.
Se trata de la primera puesta en común en Tenerife entre miembros de distintos colectivos vinculados con el parque desde que se presentó a exposición pública el documento del nuevo PRUG y mientras se mantiene abierto el plazo de alegaciones hasta el 5 de julio.
De esta manera, FICMEC conmemoró el Día Mundial del Medioambiente con un debate abierto sobre decisiones clave relacionadas con la gestión de espacios naturales. Se conservan mediante la máxima figura de protección de la legislación española y están sometidos a un uso extensivo en el que prima la explotación económica derivada, principalmente, del peso del sector turístico en la economía de Tenerife.
En la mesa redonda, moderada por la periodista Laura Afonso y celebrada dentro de las II Jornadas #Pasasinhuella, participaron el director del Parque Nacional del Teide, Manuel Durbán; el geógrafo Juan Pedro Hernández; el representante de la Fundación Telesforo Bravo- Juan Coello, Jaime Coello Bravo; el representante de la Tenerife Film Commission, Ricardo Martínez; el corredor y organizador de la carrera ‘De faro a faro’, Marcelino Díaz, y el escalador y representante de la Asociación de Escalada Sostenible, Javier Martín Carbajal.
Sobre la mesa se pusieron asuntos tan diversos y trascendentales para el futuro de Tenerife como la capacidad de carga de la Isla y del Parque Nacional; el modelo de movilidad; la sobreexplotación de los espacios naturales protegidos; la dependencia del turismo; las contradicciones entre las regulaciones en el papel y la capacidad real de las administraciones para hacerse cargo de su cumplimiento; la presión de los sectores económicos poderosos sobre la política con la intención de cambiar decisiones acordes a la normativa; la participación real de la ciudadanía; la presencia de especies animales y vegetales ajenas al espacio natural; la necesidad de fomentar planes de educación ambiental; las perturbaciones que provoca el teleférico; la necesidad de encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos y la protección del territorio; el deterioro de la calidad de vida en la Isla como resultado de un modelo económico que genera una altísima explotación del territorio y una presión demográfica insostenibles, entre otros.
A pesar de que los participantes en la mesa reconocieron la necesidad de la conservación del espacio natural, las mayores diferencias aparecieron cuando sectores específicos que usan este espacio natural defendieron sus intereses concretos. Así, tanto el representante de la Tenerife Film Commission como las personas que practican deporte en el parque expresaron sus dudas sobre las limitaciones establecidas en este nuevo PRUG a la actividad que ahora desarrollan. Estas limitaciones están basadas en “documentos de análisis” y se quejaron de que “parecen haber redactado de oídas” sus propuestas.
El turismo es clave en la sobreexplotación del Parque Nacional y en la superación de su capacidad de carga, ya que se pueden alcanzar los cinco millones de visitantes en menos de cuatro años, según las cifras que aportó el director del Parque, Manuel Durbán. Las diferencias aparecieron a la hora de plantear soluciones.
Así, el geógrafo Juan Pedro Hernández destacó la existencia de un plan de un hotel de lujo que no ha sido eliminado del PIOT, la falta de regulación de empresas que realizan actividades económicas con turistas, la necesidad de frenar el “dejar hacer a la empresa del teleférico” y la importancia de proteger El Portillo –donde está previsto construir un aparcamiento subterráneo y crear instalaciones de restauración que obligarían a cambiar el PIOT y el PGO de La Orotava, porque se trata de un área no urbana–. Por su parte, Coello propuso que las guaguas que trasladen a los visitantes por el Teide los recojan en estaciones en La Esperanza y Aguamansa, una idea que rechazó Durbán.
Coello apuntó también la posibilidad de plantearse la restauración ambiental de El portillo y la necesidad de incluir el debate sobre la gestión del Parque Nacional en una reflexión mayor que abarque la sobrecarga de Tenerife, visible en la presión sobre los espacios naturales en el sur de la Isla, los atascos como expresión del grave problema de movilidad y la saturación de los servicios sanitarios, entre otros.
Tanto el representante de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello como el de Tenerife Film Commission destacaron la importancia de dotar de suficientes recursos de personal al Parque Nacional para que tenga la capacidad de vigilar las actuaciones; sin este refuerzo, dicen, la regulación será “un brindis al sol. Martínez destacó que no hay registro documentado de efectos nocivos de los rodajes, ya que no se han cobrado las fianzas que se establecen en cada filmación.
La participación del público enriqueció el debate y mostró la necesidad de extenderlo entre la sociedad tinerfeña. Así, un corredor que asistía entre el público discrepó con el planteamiento del corredor invitado en la mesa, al decir que no se sentía amenazado por la regulación de esta actividad deportiva. En general, los ponentes relacionados con actividades deportivas denunciaron el “agravio comparativo” por los límites que se establecen a su actividad mientras se prioriza el turismo.
Asimismo, otra persona del público recordó que, durante los cuatro años que formó parte del Patronato del Parque, experimentó las enormes dificultades que suponen los rodajes, que plantean permanentemente cambios en las pistas autorizadas y que “la parte política” se inclina a autorizar actuaciones que “la parte técnica” rechaza con el argumento de la cantidad de millones de euros que significan esos rodajes.
Respecto a la participación ciudadana, se apuntó la propuesta de solicitar la ampliación del plazo para la presentación de alegaciones, sin que esto signifique una demora excesiva en el proceso de aprobación del PRUG, dada la necesidad de su actualización y la necesidad de que “el equipo redactor y la Consejería se reúnan con los colectivos afectados”.
