La adopción formal de la reglamentación cierra la negociación con la Unión y confirma el éxito para las RUP en el período presupuestario 2021-2027. Canarias recibirá aproximadamente entre 2.400 y 2.600 millones de euros de recursos ordinarios de la Unión Europea
La reciente publicación de los reglamentos de los fondos ordinarios europeos para el período 2021-2027, a falta del referido a la Política Agraria, certifica la pujanza de la condición ultraperiférica en el seno de la Unión y la máxima vigencia del tratamiento singular y adaptado que vienen recibiendo estos territorios, entre los que se encuentra Canarias.
El vicepresidente canario y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha recordado a este respecto que “las negociaciones sobre los Fondos Europeos en el nivel de Jefes de Estado y de Gobierno europeo se saldaron con un éxito sin precedentes para los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas (RUP), que mejoraron sustancialmente la posición de partida de la Comisión de 2018, al ver considerablemente aumentados sus fondos para la política de cohesión, mantenidos sus fondos agrícolas y mejoradas sus condiciones de utilización en general”.
Rodríguez explicó que, aunque las cifras concretas aún están por confirmar, Canarias recibirá entre 2.400 y 2.600 millones de euros en este nuevo período presupuestario.
Todo ello, en un escenario negociador difícil -como es habitual en la UE- pero que se vio además condicionado por la irrupción de la pandemia del Covid-19, que provocó una profunda transformación en el diseño de los Presupuestos europeos, con la adopción de iniciativas como el REACT-EU (una readaptación de los fondos ordinarios del final del período 2014-2021) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ambas figuras forman el Instrumento Next Generation EU.
El director general de Asuntos Europeos, José Julián Zafra, recuerda que el pasado 30 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea todos los reglamentos de los fondos europeos para el período 2021-2027, salvo el Reglamento sobre el Fondo pesquero, que se publicó el 13 de julio, y a falta de los Reglamentos de la Política Agraria para 2023-2027 para los que, aunque hay ya un acuerdo definitivo de Consejo y Parlamento Europeo, falta aún el pronunciamiento formal de estas Instituciones, que se produciráel mes de septiembre.
El conjunto de reglamentos contiene disposiciones específicas para las RUP que permitirán la distribución de un mayor aporte de fondos para Canarias, así como posibilidades de inversión y de gastos que no se permiten en otras regiones europeas, con el fin de paliar los sobrecostes de ultraperiferia. Estas son algunas de las medidas más destacadas:
Aumento de la dotación adicional en el ámbito del FEDER, que pasa de 30 euros por habitante (en el período actual y en la primera propuesta de la Comisión) a 40 euros por habitante, una subida de más del 33 %, con lo que su cifra actual pasa a ser de 1.927,7 millones para todas las regiones (1.514 millones para las RUP) y de unos 660 M€ para Canarias (pendiente todavía de ajuste final).
Aumento de la dotación adicional del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), para las RUP y las regiones nórdicas de baja población, que pasa de 175 millones a 473 millones (372 millones para las RUP). Este aumento es tanto más relevante puesto que, debido a la pandemia, el FSE+ ya no se ocupará únicamente del fomento del empleo, sino que entre sus fines también se recoge la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Con un cálculo aproximado, a Canarias se le asignarían unos 130 millones de euros de esta dotación adicional del FSE+
La cofinanciación del FEDER y FSE para las RUP pasa a ser del 85 % cuando en la propuesta inicial era de un 70 %, consiguiendo por tanto mantener la del período actual, la máxima cofinanciación permitida para las regiones menos desfavorecidas. Para Interreg se ha conseguido igualmente aumentar la cofinanciación al 85 %.
Canarias, por su PIB se sitúa entre las denominadas regiones en transición (con un PIB situado entre el 75 y el 100 % de la media europea en el periodo de referencia 2015-2017). La asignación europea para todas estas regiones fue cambiando durante la negociación para finalmente situarse en 47.789 millones, superior a las propuestas iniciales. Además, para estas regiones, el método de reparto de fondos tiene muy en cuenta unas variables macroeconómicas que, por las circunstancias actuales, favorecen especialmente al Archipiélago Así, se tiene en cuenta el número de desempleados de la región con respecto a la media europea de las regiones menos favorecidas. Por otro lado, se tiene también en cuenta el número de jóvenes desempleados (entre 15 y 24 años) y otra variable que se utiliza es el porcentaje de personas con bajos niveles educativos. Por último, otras variables que se utilizarán son el saldo migratorio neto procedente de fuera de la UE y el CO2 emitido en relación con los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero del Estado.
En el ámbito del Fondo Social Europeo, además las regiones ultraperiféricas asignarán un importe adecuado de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a acciones específicas y reformas estructurales para apoyar el empleo juvenil, la educación y formación profesionales, en concreto la formación de aprendices, y la transición del ámbito educativo al laboral, los itinerarios para reincorporarse a la educación o la formación y los programas de segunda oportunidad, en particular en el contexto de la ejecución de los sistemas de la Garantía Juvenil.
En cuanto a la cooperación territorial, se crea un componente específico RUP al que se le asigna una cifra de 281,2 millones para todas estas regiones, que supone el 3,5 % del presupuesto total del programa Interreg. Estas cifras implican el mantenimiento del importe destinado a la cooperación con nuestro entorno en el Programa MAC que, por primera vez, pretende abarcar otros países del área cercana, además de la ya clásica cooperación con Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Así, se añadirían Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe.
-El Reglamento 2021/1139 sobre Pesca reconoce que las RUP se enfrentan a desafíos específicos vinculados con su lejanía, su topografía y su clima, tal como se menciona en el artículo 349 del TFUE, y también tienen activos específicos con los que desarrollar una economía azul sostenible. Por lo tanto, para cada región ultraperiférica se adjuntará al programa de los Estados miembros de que se trate un plan de acción para el desarrollo de los sectores sostenibles de la economía azul, incluidas la pesca y acuicultura sostenibles, debiendo reservarse una asignación financiera para apoyar la ejecución de esos planes de acción. En el caso de Canarias esta dotación financiera es de 82 M€ para este periodo.
Por último, en cuanto a Agricultura, el 25 de junio de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC). A partir de enero de 2023 se pondrán en práctica objetivos medioambientales y climáticos más ambiciosos, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde. La nueva PAC también propone garantizar una distribución más justa de las ayudas de la PAC, especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones familiares y los jóvenes agricultores.
La nueva PAC, que abarca tres reglamentos (Horizontal, Plan Estratégico y Organización Común de Mercados), tiene que ser aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y adoptada por el Consejo antes de que pueda entrar en vigor. Si bien su presupuesto ha disminuido en el 2021-2027 un 3,9% respecto al período anterior, tras varios meses de intensa negociación el Consejo de Ministros de Agricultura acordó el 28 de junio de 2021 ratificar el acuerdo previo alcanzado por Parlamento Europeo, Consejo y la Comisión Europea para definir la PAC hasta 2027 en el que se mantiene la ficha del POSEI en las mismas cuantías que en el período 2014-2020. De esta manera, la UE blinda la ficha financiera del POSEI, dotada con 268,4 M€ anuales, hasta 2027 y evita el recorte del 3,9% de la partida que hubiera supuesto una pérdida de 50 M€ para el campo canario.
