El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció ayer durante la sesión plenaria del Parlamento regional que su Gobierno aprobará el lunes 28 de junio, en un Consejo extraordinario, la ayuda complementaria para los trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido a la pandemia de la COVID-19 que no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta medida beneficiará a 40.712 familias canarias, lo que, según el jefe del Ejecutivo autonómico, demuestra la apuesta social y por los más desfavorecidos de su Gobierno.
Torres subrayó la relevancia de esa iniciativa, que beneficia a los trabajadores con menos ingresos, y detalló que, de esas 40.712 familias que reciben menos del SMI (950 euros brutos al mes en 14 pagas), unas 10.000 apenas alcanzan los 500 euros, lo que refuerza la relevancia de esa aportación añadido en estos casos. Para ese complemento, el Gobierno canario usará una partida de 30 millones provenientes de los fondos europeos REACT-UE.
El presidente Torres también destacó otras medidas contra la precariedad laboral y social aprobadas desde que irrumpió la pandemia, como el Ingreso Canario de Emergencia, que beneficia desde abril de 2020 a 28.023 familias. Además está el refuerzo de las pensiones no contributivas a 42.858 personas desde noviembre de 2020, la modificación de la Prestación Canaria de Integración (PCI), que ha aumentado el 35% sus perceptores, y las 14.000 familias con Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, Torres recalcó el hecho de que se consiguiera extender los ERTE a todos los sectores profesionales en las Islas y el adelanto a principios de mayo de la firma del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), entre otras tantas acciones.
Preguntado por los fondos públicos que recibirá Canarias de la UE en los próximos años, el presidente de Canarias subrayó el hecho de que sean unos 5.000 millones entre los estructurales y los de programas de recuperación por la COVID-19, como son el Next Generation y el REACT-UE. Según insistió, “no se trata de una dádiva”, sino de la respuesta a las “singularidades históricas consolidadas política y jurídicamente por Canarias por sus diferencias estructurales y por cómo le ha afectado la pandemia”.
De esa cantidad global, 630 millones deberán gestionarse antes de que acabe 2023 (lo del REACT-UE), y entre 1.500 y 3.000 en 2026 y 2027. Para Torres, esos 5.000 millones suponen una cifra sin precedentes que es clave para la transformación social, económica, digital y ecológica de las Islas. Según recalcó, “el Plan de Recuperación de España aprobado por Europa da certidumbre para hacer efectiva esa transformación a través del Plan Reactiva Canarias”. Dejó claro que se trata de unos recursos públicos que atañen y deben implicar a toda la sociedad, no solo al Gobierno autonómico.
125 millones para Educación hasta 2023, de los que 20 se destinan a la FP dual
En otro tramo de la sesión plenaria, Torres explicó que Canarias ha propuesto que de ese apoyo europeo inserto en el REACT-UE se destinen 125 millones al ámbito educativo. De ellos, 20 se derivarán a la Formación Profesional (FP) dual, que el presidente considera fundamental para que los jóvenes tengan mejores perspectivas laborales en el futuro. En este sentido, remarcó que las partidas europeas dan prioridad a la sostenibilidad, la digitalización y también a la formación, aunque recordó el esfuerzo que se ha estado haciendo en la FP dual en las Islas, que ha pasado de 10 grupos con esta modalidad en el curso 2013-14 a 123 en la actualidad, así como de siete centros que la imparten en las Islas a los 32 que se tendrá a partir de este septiembre, con el nuevo curso.
Respecto a la renovación del sistema de financiación de las autonomías, el presidente aseguró que sigue siendo una prioridad para el Gobierno central, aunque la pandemia ha impedido que se haya podido abordar en este tiempo. No obstante, instó al Parlamento a estar muy atento a todo lo que afecte a Canarias y anunció que retomará esta cuestión en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de este verano. Cree que no solo debe actualizarse el Régimen Económico y Fiscal, sino introducir otras mejoras. Entre otras, aludió a que no solo se tenga en cuenta la población y las competencias transferidas para definir el modelo futuro de financiación, sino la pérdida de productividad, la doble y triple insularidad y la atención a menores migrantes no acompañados, entre otros parámetros.
