En las islas unas 15.600 familias están recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos
Canarias muestra su apoyo a la propuesta de mejora en la tramitación del Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (IMV) con el fin de facilitar una transición más ágil entre las rentas autonómicas y el IMV. La adhesión a esta propuesta fue comunicada a la secretaria de Estado de Inclusión Social, Milagros Paniagua, en una reunión celebrada el pasado viernes.
La propuesta, impulsada por la ‘Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales’, se centra en la creación de una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas que gestionan las Comunidades Autónomas. En el Archipiélago canario, desde la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
De hecho, hace unas semanas, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, remitió una carta a sus homólogos en el resto de CCAA solicitando el apoyo a esta propuesta, ya que, “siendo como es el IMV un instrumento fundamental que da respuesta a una petición social histórica, sus casi 10 meses de puesta en funcionamiento han evidenciado la necesidad de algunos ajustes y mejoras que permitan una gestión más ágil y eficaz”.
Por este motivo, desde Canarias se solicita al resto de CCAA su apoyo a una enmienda, mediante la cual se pretende añadir al texto legislativo una nueva Disposición Transitoria que facilite el paso al IMV de las personas que tienen reconocida una prestación de alguna de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.
De esta forma, se permitirá, con carácter excepcional y en el ámbito de un necesario periodo transitorio, que a todas las personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siendo el único requisito exigido el de no superar el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la unidad de convivencia.
Estos periodos transitorios son habituales, por ejemplo, en el ámbito europeo cuando se cambia de un programa a otro, con la intención de facilitar un tránsito fluido entre un periodo y otro, por lo que no sería descabellado utilizarlo también en el ámbito estatal.
A este respecto, Santana indicó que “desde Canarias consideramos que el reconocimiento por parte de las comunidades autónomas de una prestación de renta de inserción ya es una verificación y constatación suficiente de una situación de vulnerabilidad como las que el Ingreso Mínimo Vital quiere atender. La experiencia del tiempo transcurrido desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital ha mostrado la dificultad de establecer pasarelas automáticas entre estas rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital, cuya aspiración es precisamente constituirse en un “suelo” de protección homogéneo a nivel nacional que pueda ser complementado además por cada comunidad autónoma, en aplicación de sus competencias”.
“Además, continuó Santana, se ha constatado la dificultad de asumir con la rapidez suficiente la gestión del elevado volumen de solicitudes registradas. Por tanto, esta medida contribuirá a mejorar la protección de las personas beneficiarias de las rentas autonómicas y, a la vez, a agilizar la tramitación del resto de solicitudes”.
“Una enmienda de este tipo, de carácter transitorio y excepcional, facilitaría la pasarela de las y los beneficiarios de nuestras respectivas rentas al IMV de manera ágil. Ganarían la ciudadanía y ganaríamos las diferentes administraciones, tanto la regional como la estatal”, concluyó la consejera del Ejecutivo regional.
Casi 16.000 familias beneficiaras
A fecha 28 de febrero de 2021, en Canarias, un total de 8.944 unidades de convivencia están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar esta ayuda.
A estas hay que sumar las 7.357 familias que se encuentran actualmente percibiendo la PCI, de las cuales, unas 700 unidades de convivencia reciben ambas prestaciones de forma complementaria sin superar nunca las cuantías máximas que establece el IMV.
En total, unas 15.600 familias en Canarias están recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos.
