Con una puntuación de 9,62 sobre 10, la villa de San Juan de la Rambla es el municipio más transparente de los siete de la comarca de Ycoden Daute. Un dato que, a juicio del alcalde accidental Jesús Ezequiel Domínguez, “es una prueba más de que se está cumpliendo el propósito marcado desde 2015 en relación a conseguir una Administración participativa, totalmente abierta al ciudadano y clara en su gestión”.
Este 9,62 es además la puntuación histórica más alta que recibe la localidad en este estudio, siendo un récord que, tal como apunta el regidor local, “cobra un mayor valor si lo comparamos con los datos con los que partíamos al tomar posesión en 2015 como uno de los ayuntamientos que encabezaban la lista pero en datos negativos. En 2016 revertimos la situación logrando un 6,22, lo que dio lugar a una curva ascendente que concluyó 2017 en un 7,21 y en 2018 en un 7,74”.
En esta misma línea, Domínguez hace un balance del trabajo realizado durante el ejercicio, recordando la preocupación e implicación de todas las áreas para cumplir con el objetivo de fijar la transparencia como el estándar en la gestión y como base de una administración moderna y adaptada a los nuevos tiempos. “Más allá de los excelentes datos conseguidos, muy por encima de la media de la Isla, es destacable el trabajo ímprobo que realiza el Consistorio a diario para que todos y cada uno de los aspectos que conciernen a la villa estén al alcance de un clic. Hace unos años era impensable que los vecinos y vecinas tuvieran acceso a expedientes, contratos o documentos de una manera sencilla e intuitiva, y hoy es una realidad. La apuesta por la transparencia fue, es y será base de nuestra gestión”.
Todos los datos relacionados con el Consistorio y su transparencia pueden consultarse en la sede electrónica (sede.sanjuandelarambla.es), ahí están disponibles los Indicadores de la Ley Canaria de Transparencia con datos sobre la institución, la organización interna, el personal de libre nombramiento, el personal propio del Consistorio, las retribuciones, la normativa, los servicios y procedimientos, todo lo relacionado con la situación económica y financiera, el patrimonio, la planificación y programación, obras públicas, contratos, ayudas y subvenciones, ordenación del territorio y los derechos de acceso a la información pública.
