Según explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, un total de 34 entidades sociales reciben ayudas para afrontar los gastos extraordinarios generados por la actual situación de pandemia
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia y Juventud, ha concedido un total de 1.298.194,55 euros en ayudas directas distribuidas entre un total de 34 entidades del Tercer Sector que desarrollan programas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental.
“Cuando el pasado mes de abril preveíamos que la actual situación de crisis se iba a prolongar en el tiempo, desde la Dirección general nos pusimos en marcha para buscar fondos propios con los que ofrecer apoyo financiero a las entidades de Tercer Sector que desarrollan programas en las áreas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental”, explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien señaló que las ayudas ya han sido distribuidas entre todas las entidades sociales que solicitaron las mismas.
“El objetivo era ayudar a estas entidades a hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la actual situación generada por el Covid-19”, explicó Montero, quien matizó que “gracias a estas ayudas directas se ha permitido a las entidades sociales poder continuar prestando sus servicios y ampliar los mismos a los domicilios al tener los centros cerrados”.
De esta forma, a través de esta línea de ayudas se buscó reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.
Además, se incrementó y reforzó el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de los servicios, así como trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.
Igualmente, se financió el reforzamiento de las plantillas de los servicios de atención a la dependencia y/o la discapacidad, en caso de que sea necesario realizar sustituciones o incrementos de plantilla por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla, así como se apoyó la adquisición de medios de prevención (EPI).
Para la concesión de estas ayudas no procedía la concurrencia pública al entenderse la naturaleza específica para la que se solicita la subvención ante una situación especial provocada por la declaración del estado de alarma a partir del pasado 14 de marzo, que tiene unas consecuencias más allá de la duración del mismo, en el normal funcionamiento de los servicios de atención a las personas dependientes y/o con discapacidad así como la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades producidas.
