La consejera de Derechos Sociales también anuncia que presentará la Ley de Renta Ciudadana a finales de octubre en el Parlamento y que llevará a la Cámara la aprobación de un segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia
“El compromiso de este Gobierno es que en los próximos presupuestos no se produzcan recortes en la consejería de Derechos Sociales porque no pueden volver a pagar esta crisis los que menos tienen”, afirmó en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, donde repasó las medidas puestas en marcha y las que se desarrollarán en los próximos meses para afrontar la actual situación de crisis social generada por el Covid-19.
Entre las medidas anunciadas por Santana, destaca la activación de un segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia, “que aprobaremos, si ustedes así lo consideran, ya que consideramos que será una ayuda esencial para esas familias en peor situación económica”. A este respecto, la consejera indicó que “ese segundo pago será un adelanto hasta que sea una realidad la Renta Ciudadana”.
En relación a esta última cuestión, la consejera anunció que se llevará a Consejo de Gobierno a finales del mes de octubre para, después, comenzar su tramitación parlamentaria. “Durante estos meses hemos seguido trabajando en la ley que regulará la futura Renta Ciudadana teniendo que actualizar el proyecto respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que hizo que tuviéramos que rehacerla”.
“A través de estas medidas se va a lograr que, en torno a 50.000 familias canarias que antes estaban desprotegidas, ahora ya no lo estén”, subrayó Santana quien recordó que, ante la situación de crisis el Ejecutivo regional ha actuado con celeridad poniendo en marcha diversas medidas dirigidas s dar cobertura a las familias en situación de riesgo de exclusión social, como han sido la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la creación del Ingreso Canario de Emergencia, “a través del cual se ha llegado a 16.000 familias sin recursos”, y el adelanto en cuatro meses de la firma con los Ayuntamientos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, con un incremento del 10%.
“Es decir, matizó, que frente a crisis anteriores en que se recortaron derechos y políticas públicas, en que se vació el Estado del Bienestar y se recortó en empleados públicos y en medios, este Gobierno ha actuado como solo podía actuar: con más inversión pública, más apuesta por los derechos sociales y ni un recorte en servicios públicos esenciales”.
