El Ejecutivo regional tramitará las sanciones graves y los ayuntamientos, las leves. Desde su publicación en el Boletín Oficial, la reiteración del incumplimiento del uso de la mascarilla puede implicar sanciones de hasta 3.000 euros
El Consejo del Gobierno celebrado desde esta mañana en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, y que tendrá continuidad durante la tarde de mañana viernes, aprobó el anunciado decreto ley que endurece las sanciones y perfecciona el procedimiento sancionador por los incumplimientos de las medidas de seguridad por la pandemia de la COVID-19.
Según indicó esta tarde el portavoz gubernamental, Julio Pérez, este decreto ley “tipifica, precisa y aclara mejor” las conductas merecedoras de sanción, por ejemplo por no llevar mascarillas, por incumplir los aforos o las distancias. De esta manera, y según recalcó, “los agentes de la autoridad podrán trabajar con mayor facilidad”. Además, se ha decidido que las sanciones graves las tramite la Comunidad Autónoma y las leves, los ayuntamientos, aclarándose así las competencias.
El Ejecutivo también decidió hoy abreviar los trámites del procedimiento sancionador, como la notificación, aparte de permitir que esta labor la pueda ejercer cualquier funcionario que se ocupe del cumplimiento de las normas. Pérez, asimismo, recordó que la semana pasada hubo una reunión con la Fecam para facilitar estos procedimientos relacionados con la pandemia de la COVID-19, de manera que sean parecidos a los expedientes de tráfico y seguridad vial.
Según el portavoz, el endurecimiento de las multas resulta necesario “por el doble objetivo de facilitar el trabajo de los agentes” y para lanzar el mensaje de que, “quien no cumpla las normas, se arriesga a una sanción que puede ser importante”. Así, y aunque no usar mascarilla seguirá siendo sancionado con 100 euros “porque es lo fijado a escala estatal”, la reiteración de este incumplimiento puede suponer una multa hasta 3.000 euros.
Atendiendo a lo dicho por Pérez, también resulta clave cumplir con las normas y recomendaciones en los ámbitos privados. De hecho, recordó que esto ya está previsto en el decreto ley de sanciones.
Aseguró, asimismo, que hay miles de agentes de las distintas fuerzas de seguridad en las Islas (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local) y cree que con esos medios se puede hacer un buen control de las normas sobre la pandemia “si hay una buena coordinación”.
Durante la reunión gubernamental también se hizo una primera aproximación a un texto refundido de todas las normas dictadas desde el 19 de junio sobre eventos, distancias, mascarillas, aforos, funcionamiento de espacios públicos y otras situaciones por la COVID. Para el Gobierno, de esta forma se aportará más seguridad y claridad a los ciudadanos y administraciones.
Sobre la evolución de la pandemia, Pérez lamentó que, tras tres días de reducción de los casos, esa tendencia no se haya mantenido hoy, aunque subrayó que se han aumentado las pruebas PCR y el número de personas dedicadas al rastreo, aparte del endurecimiento de las normas.
Con estas medidas, el Ejecutivo confía en que la situación se corrija en las próximas fechas. Además, la consejera de Turismo explicó en el Consejo los contactos efectuados con diversos operadores turísticos para la creación de corredores seguros hacia Canarias. Pérez recalcó que el objetivo es que haya menos contagios y que no se busca sancionar más, sino disminuir la propagación de la enfermedad.
Simplificación de los trámites administrativos
El portavoz del Gobierno de Canarias también anunció que en el próximo Consejo se aprobará un decreto ley vinculado al Pacto para la Reactivación para simplificar los trámites y eliminar cargas administrativas y burocráticas con el fin de facilitar las inversiones y reactivar la economía. La consejería de Transición Ecológica lleva tiempo trabajando en esto. Se trata de una norma “muy detallada y prolija”.
Asimismo, el Consejo abordó la creación de un sistema de dirección por objetivos en la Administración pública canaria, de manera que todas las consejerías incluyan calendarios, sus misiones y una evaluación y control en busca de una mayor racionalización y mejora de la gestión pública. Además, se aprobó un acuerdo con Vilaflor y Valleseco sobre los cobros de impuestos por vía ejecutiva.
Prórroga del contrato del personal para alumnado con necesidades especiales
También se aprobó la prórroga del contrato que permite tener en los centros educativos personal de apoyo para alumnado con necesidades especiales, que son un total de 2.400 alumnos. Para ellos, se contratará a más de 600 personas, con un gasto respaldado hoy de casi siete millones de euros para dos anualidades.
Julio Pérez también mostró el pésame del Gobierno por el fallecimiento del fotoperiodista de la agencia Efe, Cristóbal García. El portavoz resaltó su labor como profesional «desde que la imagen comenzó a tomar cada vez más relevancia en la prensa».
