Sí se puede destaca la invisibilidad y los recortes como factores que frenan la erradicación de las violencias machistas, un fenómeno social de una gravedad tal que “debe abordarse poniendo todos los recursos institucionales al servicio de una sociedad efectivamente igualitaria que garantice a todas las mujeres el disfrute pleno de su vida y de su condición de ciudadanas”, asegura la coportavoz de Sí se puede en Tenerife, Asun Frías.
La organización anima a la ciudadanía de Canarias a participar en las distintas acciones organizadas en todas las Islas contra las violencias machistas con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Es necesario evidenciar la invisibilidad de una parte importante de las violencias contra las mujeres más allá de las que la ley reconoce como violencia de género y que se expresan en múltiples conductas que se dan fuera del ámbito familiar y de pareja, y llevar ese enfoque amplio hasta la ley; estos comportamientos tienen como base común un profundo desprecio hacia las mujeres por el hecho de serlo y buscan denigrarlas y sacarlas del lugar que les corresponde en una sociedad democrática”, apunta la portavoz.
El compromiso en la erradicación de las distintas violencias machistas exige “una actitud decidida de las instituciones, traducido en políticas que no pueden quedar ahogadas bajo los recortes aplicados por los gobiernos del Partido Popular (PP) desde Madrid y de CC-PSOE en Canarias. “La política de ajustes se escuda en la crisis-estafa y se traduce en retrocesos brutales en las actuaciones de prevención y protección de las víctimas, que deben ser prioritarias, y apuntan al desmantelamiento de los servicios municipales y comarcales y a la precarización de las políticas públicas de igualdad”, subraya Frías.
«El compromiso necesario, sin embargo, se ve amenazado por los recientes nombramientos en el gobierno de Mariano Rajoy, porque quienes han asumido esta tarea en el ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, tanto la ministra, Dolors Montserrat, como los cargos designados, rechazan las políticas de igualdad. El que la igualdad se aborde en el nuevo gobierno desde un ministerio que tiene en agenda el servicio público de salud y los servicios sociales muestra una visión limitada en la que la igualdad ni es prioritaria ni cuenta con el enfoque transversal necesario para tener resultados duraderos”, asegura Frías.
Por otra parte, el Pacto de Estado que propone el PSOE nace limitado por su pretensión de impulsar un acuerdo exclusivo entre fuerzas políticas, sin contar con el movimiento feminista, garante de la consideración de los criterios que apoyan a las mujeres. La propuesta, además, se centra en medidas judiciales, cuando la prevención y la protección de todas las víctimas son fundamentales.
Visibilizar las violencias machistas
Asumir la existencia de distintos tipos de violencias machistas es imprescindible para abordar su erradicación y se hace imperioso para ello revisar la legislación sobre violencia contra la mujer para que incluya todas sus tipologías, según establece un informe de la ONU sobre el Estado español.
“Hay ajustar el lenguaje y las leyes a la realidad, y hay que decir muy claro que el término «violencia de género» vigente en la legislación estatal elude muchas prácticas violentas y agresiones que se dan fuera de los espacios domésticos, de la vida conyugal y de la unidad familiar”, apunta Frías.
La no contemplación del fenómeno global de la violencia hacia las mujeres está en la base del fracaso de la ley estatal aprobada en 2004, que, al ser además aplicada de forma deficiente, causa la permanente inseguridad de las mujeres. Por su parte, la ley canaria de 2003 nació lastrada por carecer de respaldo económico. “De esta manera, ciertos avances legislativos que pretenden abordar el fenómeno se traducen en una ausencia real de políticas efectivas”, asegura la portavoz.
El paquete de medidas contra las violencias machistas debe incluir, a juicio de Sí se puede, gestionar directamente los servicios de atención a las víctimas, ampliar la dotación en recursos humanos especializados a los organismos de igualdad insulares y municipales, considerar obligatoria la educación afectivo-sexual, impulsar campañas de sensibilización de la sociedad en general, formar al personal que gestiona esta problemática, incluido jueces y policías, establecer protocolos de actuación para la detección y prevención, reforzar y ampliar la intervención con las mujeres víctimas sin que se presente una denuncia, priorizar los protocolos de protección ante cualquier resquicio de duda, así como mejorar la coordinación entre las instancias que intervienen en los casos.
