La organización ecosocialista considera “fundamental” esta iniciativa ciudadana, que aspira a garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad, incrementar y mejorar la producción, reducir las importaciones, estabilizar los precios y diversificar la economía de las Islas
Sí se puede aplaude la iniciativa ciudadana en apoyo al sector primario de Canarias consistente en el envío de una carta dirigida a la consejera de Agricultura del Gobierno autonómico en la que se pide la puesta en marcha o el refuerzo de medidas destinadas a fortalecer la producción agrícola, ganadera y pesquera, así como la distribución de sus productos, como una actuación fundamental ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y ante la urgencia de diversificar la economía del Archipiélago, una necesidad histórica que la crisis socioeconómica derivada de la situación de confinamiento ha puesto en evidencia y situado como prioritaria entre las actuaciones que debe acometer el Gobierno de Canarias.
La organización ecosocialista canaria considera “fundamental” esta iniciativa, que ha contado con el respaldo de 112 organizaciones sociales y del sector primario de Canarias, 64 pymes y personas trabajadoras autónomas del sector y 1200 personas a título individual. Por respeto a la independencia política de esta acción protagonizada por profesionales del sector, colectivos de los movimientos sociales y la ciudadanía en general, Sí se puede no ha firmado físicamente la carta, aunque suscribe todos y cada uno de sus postulados. La organización considera que es necesario que la consejera de Agricultura “atienda cabalmente el diagnóstico y las propuestas que emanan de este documento”, asegura Carmela Díaz Vilela, portavoz de Sí se puede en esta materia y concejala de Medio Ambiente y Agricultura en el gobierno municipal de Tacoronte.
“La crisis sanitaria y socioeconómica evidencia la vulnerabilidad del modelo económico del Archipiélago y urge a tomar soluciones decisivas” subraya Díaz Vilela. “La ciudadanía y las instituciones en las que gobernamos y otras están tomando medidas que requieren de un impulso decisivo y financiado por parte del Gobierno autonómico”, destaca.
El documento plantea tres líneas de acción: reforzar y mejorar las iniciativas que ya están en marcha; reforzar y fomentar iniciativas de cooperativas, privadas y públicas en el sector, y, finalmente, regular precios para diversificar la producción y reducir las importaciones. En el primer bloque, destaca el programa de ecocomedores y la entrega de cestas de alimentos locales, frescos y saludables a las personas en situación de exclusión; la ampliación de la red de mercadillos y otros canales cortos de comercialización; el apoyo a la ciudadanía organizada en grupos de consumo y las sinergias con el sector de la restauración.
El segundo bloque plantea formar en agroecología a personas desempleadas e impulsar el cultivo de fincas abandonadas; mejorar las condiciones laborales y dignificar el empleo en el sector; apoyar la producción local con políticas responsables de compra pública; mejorar la gestión de productos pesqueros en puntos de primera venta; favorecer el consumo de productos de pesca local y acordar límites de capturas por especie y por barco/pescador. Asimismo, contempla que estas y otras acciones se financien con fondos específicos para paliar el impacto social y económico de la COVID-19, mientras que el Gobierno autonómico debe considerar las circunstancias actuales y la caída de ingresos en el momento de cobrar tributos.
Respecto a la regulación de precios para facilitar la diversificación y reducir las importaciones, el documento establece que el Gobierno de Canarias debe ser firme para primar la agricultura que desarrolle policultivos, tanto en la definición de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea como en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR). Igualmente, las personas y colectivos firmantes consideran imprescindible regular los precios de la tierra para su cultivo; estabilizar los precios de los productos alimenticios importados; vigilar el estricto cumplimiento de la normativa de etiquetado; atender “de una vez por todas” el problema del agua con políticas públicas que incidan en su comercialización y gestión, y habilitar lonjas para regular la comercialización y los precios.
La iniciativa hace hincapié en apoyar la producción a pequeña escala –una “imposición geográfica del territorio insular”–, que consume menos agua y aporta más calorías y proteínas de calidad a la población residente en las Islas que el cultivo extensivo de los productos de exportación. La carta subraya que esta crisis “ha resaltado el excesivo porcentaje de dependencia del exterior en materia alimentaria y de productos básicos que tenemos”, tanto en la producción como en la distribución, un ámbito dominado por las grandes superficies en detrimento del mercado de cercanías. El documento destaca también la pérdida de empleos en la pesca artesanal, que considera “especialmente preocupante”.
