El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, informó sobre las medidas excepcionales, aprobadas este viernes en el Consejo de Gobierno mediante el Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Carácter Social, dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad.
Destacó en primer lugar el Ingreso Canario de Emergencia, “medida que hemos adoptado antes que ninguna otra comunidad autónoma y que afectará a unas 38.000 familias cuya situación se ha visto agravada por el confinamiento decretado por la crisis sanitaria actual”.
El segundo punto que recoge el decreto es la exoneración del pago de su alquiler a los más de 17.000 inquilinos de viviendas públicas.
Ángel Víctor Torres resaltó que la justicia social es prioritaria para su Gobierno y adelantó que, en breve, se aprobará también otro decreto ley con medidas económicas para paliar la situación provocada por el coronavirus.
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud, Noemí Santana, que también intervino en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, convino con el presidente en que “desde el Pacto de Gobierno firmado el pasado junio, se apostó por la protección de los ciudadanos y en especial por las familias más vulnerables, ya que teníamos una alta tasa de pobreza desde la crisis de 2008”.
La consejera señaló que el Ingreso Canario de Emergencia se ha elaborado en un tiempo record, en apenas tres semanas y que “es una medida puente hasta que llegue el Ingreso Mínimo Vital que pondrá en marcha el Estado”.
Por otra parte, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, aclaró que los inquilinos de las viviendas públicas no tendrán que hacer ningún trámite para la exoneración de sus alquileres, “sencillamente, no se emitirán los recibos de abril ni de mayo”. Y, añadió que “si el estado de alarma se prologara, también se prolongará esta medida”.
Por último, Franquis especificó que además de la exoneración del pago de alquiler de las viviendas públicas, el Ejecutivo destinará 5,4 millones a pagar las ayudas a las familias que vivan de alquiler en una vivienda privada y demuestren estar afectadas económicamente por la COVID-19.
