Coalición Canaria-PNC ha preparado y remitido al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, un paquete de propuestas y medidas destinadas a garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios de la administración de Justicia durante esta crisis sanitaria provocada por el COVID 19.
Así, el secretario general de CC-PNC, José Miguel Barragán, señala que, de la misma forma que los nacionalistas, recabando la opinión de expertos en diferentes materias y representantes de colectivos sociales, sanitarios y económicos, ha ido elaborando propuestas para dar respuesta a las distintas realidades que está provocando esta crisis; “también entendemos que es necesario mejorar las condiciones laborales y de uso de la administración de Justicia” por el bien de trabajadores y usuarios.
Así, en una nueva carta dirigida al presidente del Gobierno canario, Barragán recuerda que la gestión sobre los medios materiales de Justicia (edificios, seguridad, programas informáticos, limpieza….) continúa recayendo sobre la Comunidad Autónoma y, por tanto, es necesario que se tomen una serie de medidas de prevención frente a la pandemia tanto para los trabajadores como para los usuarios.
En ese sentido, los nacionalistas proponen una serie de medidas como la utilización de geles hidroalcohólicos o jabón líquido por parte de todas las personas (trabajador o usuario) que acceda a los edificios judiciales así como guantes desechables, que se deben facilitar también a la entrada y retirar a la salida. O la colocación de mamparas de seguridad o acristaladas en los puntos de atención al público (ej. mostradores, servicios de notificaciones…), de modo que el personal destinado a este fin esté aislado, evitando así el contacto con el público y con posibles salpicaduras de saliva. Otra de las medidas que se propone es colocar en el suelo pegatinas que establezcan la separación mínima de un metro para que nadie se esté cerca de otro.
Asimismo, CC-PNC propone que se establezca que en los juzgados de guardia, fiscalías de menores y juzgados de violencia sobre la mujer (especialmente cuando se tomen las declaraciones de detenidos en las que estarán presentes juez, fiscal, letrado, funcionario, detenido y su abogado) y en las que no se dispongan de las condiciones necesarias para prestar su función teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias, se practiquen en las salas de vistas dado su tamaño y en las que además permiten la grabación de la declaración, de modo que se evitará el uso de teclados y bolígrafos para firmar.
Entre otras medidas, los nacionalistas también insisten en que se facilite el teletrabajo, a través de VPN o sistemas similares, de modo que sólo deban asistir presencialmente a los edificios judiciales aquel personal estrictamente necesario para dar cumplimiento a los servicios declarados como esenciales, al tiempo que señalan que “no es adecuado que en jurisdicciones como la civil, social o contencioso-administrativa, teniendo en cuenta los servicios mínimos establecidos, se haya establecido un número de operadores jurídicos más propio de situaciones de huelga que de una pandemia que se ha demostrado muy contagiosa”.
En este sentido, CC-PNC propone que se considere actividad de riesgo aquellos servicios que supongan contacto con el público, de modo que puedan acceder inmediatamente a las pruebas para verificar si están contagiados y recuerda que la Administración de Justicia está dotada de Institutos de Medicina Legal y de Instituto de Nacional de Toxicología que pueden asistir en esta función de modo eficaz.
