Todo el país queda formalmente cerrado con el desarrollo del decreto del estado de alarma. Una cuarentena de 46 millones de personas. En el borrador del texto del decreto gubernamental, que adelantó la cadena SER y al que ha tenido acceso el periódico El País -y que aún puede ser modificado en el Consejo de Ministros, según aclara el Ejecutivo- quedan muy claras las limitaciones de movimientos: los ciudadanos “únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros sanitarios. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad».
Esto es, básicamente nadie puede moverse salvo para ir al trabajo —siempre que sea imprescindible y no pueda teletrabajar— volver a casa o buscar alimentos y medicinas. El Gobierno exige a las empresas que establezcan el teletrabajo para todos siempre que sea posible, pero deja abierta una puerta para no frenar la producción, al menos en este borrador que llegó al Consejo de Ministros. “Los empleadores, tanto públicos como privados, estarán obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible”, señala el texto. Esto deja abierto un espacio para que no se interrumpa la producción completamente, pero sí obliga a todos los empresarios a mandar a casa a todos los trabajadores que puedan.
Durante varios días hubo rumores de que el Gobierno cerraría Madrid. Ahora se cierra toda España, aunque la decisión llega ya con el fin de semana avanzado, cuando miles de madrileños, desoyendo las recomendaciones del Ejecutivo, se han desplazado a zonas de descanso. Todas estas limitaciones serán efectivas a partir de las 8.00 del 16 de marzo de 2020, esto es, con el fin de semana acabado. Todos los que están fuera podrán volver a su lugar de residencia, pero el Gobierno les deja claro que no pueden volver a salir.
¿Y cómo se lo impedirán? El borrador del decreto apunta la vía. “El titular del Ministerio del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará previamente a las Administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial”.
Lo que hace el borrador del decreto es ampliar las medidas restrictivas que ya está aplicando Madrid a toda España, por ejemplo el cierre de comercios que no sean para venta de alimentos, medicamentos o cuestiones de extrema necesidad. “Se establece la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos que se incorporan en el Anexo I del presente Real Decreto [donde está prácticamente todos salvo los de alimentación, farmacias, gasolineras y quioscos, como en Madrid] así como cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios”.
Las restricciones son muy similares a las italianas. No se cierra el transporte público, pero se va a limitar su frecuencia en los que son de una ciudad a otra, para reducir el movimiento. “Los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50%. Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público reducirán su oferta total de operaciones en al menos, los siguientes porcentajes: Servicios ferroviarios de cercanías: 50%. Servicios ferroviarios de media distancia: 50%. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50%. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50%”, señala el borrador del decreto.
El texto establece además que se garantizarán todos los suministros básicos. “Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar: El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de los bienes mencionados. Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos. Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en el presente artículo”, señala el borrador del decreto.
El Gobierno se reorganiza también para gestionar esta crisis. El decreto señala que habrá cuatro ministerios clave, que “serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad”: la titular del Ministerio de Defensa. El titular del Ministerio del Interior. El titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El titular del Ministerio de Sanidad». “Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los titulares anteriores, será autoridad competente delegada el titular del Ministerio de Sanidad”, señala el texto, que coloca en estos cuatro ministros y el presidente el núcleo duro de la gestión de la crisis. Los cinco representan al sector socialista del Gobierno, no hay aquí ningún miembro de Unidas Podemos, al contrario de lo que sucede ahora en todos los centros de decisión importantes del Ejecutivo.
Además, el Ministerio de Sanidad toma el control de todas las decisiones, aunque las competencias estén transferidas, para coordinar el ataque contra el virus. Las autonomías solo se quedan con la gestión pero están obligadas a obedecer a Sanidad. “Todas las Autoridades civiles de la Administraciones Públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, las Administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio”, señala el texto. Incluso la sanidad privada queda bajo su mando por si fuera necesario acudir a ella. “En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública, y de los funcionarios que presten servicio en el mismo, quedando todos ellos bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad. Esta medida también garantizará la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el sistema nacional de salud en todo el territorio nacional. Asimismo, el ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de las centros sanitarios privados”, sigue el texto. El borrador contiene así todo tipo de medidas excepcionales con un claro objetivo: forzar a los ciudadanos de todo el país a quedarse en sus casas para frenar la expansión del contagio. Solo en Madrid han muerto ya 133 personas.
Esta decisión, sin embargo, no termina de aprobarse. El retraso del Consejo de Ministros, el más largo que se recuerda en varios años, tiene una explicación clara: las discrepancias entre el equipo económico, controlado por el PSOE, y los ministros de Unidas Podemos, que exigen aprobar medidas de ayuda a los trabajadores más contundentes a la vez que se declara el estado de alarma. Según fuentes del Gobierno, este es el punto central de la discusión, una de las más intensas y largas que se recuerdan en La Moncloa.
De un lado está sobre todo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del otro el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las primeras defienden medidas más cautas para no disparar el gasto y los segundos un plan de choque fuerte con apoyo a los trabajadores aunque eso suponga un coste importante. El presidente es quien debe tomar finalmente las decisiones después del intenso debate entre sus ministros.
La discusión se ha reproducido durante toda la semana, en la que ha habido intensos debates formales e informales sobre los pasos a seguir, incluida la declaración del estado de alarma, que empujaban sobre todo ministros más políticos como el propio Iglesias y José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE. Pero la más intensa ha sido estos días la discusión económica sobre las medidas que había que tomar. De hecho algunas previstas para el jueves finalmente no se tomaron.
La comisión delegada de asuntos económicos, que prepara el Consejo de Ministros, terminó anoche tardísimo, pasadas las 22.00 hora peninsular, y sin acuerdo claro, después de una intensa discusión entre los ministros de Unidas Podemos y algunos socialistas y la vicepresidenta Calviño y la ministra Montero, según fuentes del Ejecutivo. El remate se dejó para hoy, ya con Sánchez e Iglesias, que no estaban anoche en la delegada, presidida por Calviño. No está siendo nada sencillo, y esa discusión de fondo, con decenas de millones encima de la mesa en función de que se tome una decisión u otra, es la que está alargando el Consejo de Ministros.
Fuente: El País
