La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, defendió en la comparecencia de ayer martes en el Parlamento la coordinación y la unidad de acción entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario “para mejorar los problemas históricos del sector primario y superar así una crisis estructural en la que se plantean diferentes medidas, que pasan inexorablemente por la unidad entre las administraciones y las organizaciones agrarias”.
Vanoostende, que realizó una radiografía sobre la situación actual del campo, explicó que “se trata de un sector que en 17 años ha perdido en España más de 100.000 puestos de trabajo, aunque en el caso canario ha supuesto una ligera subida del empleo, de ahí su papel estratégico en una autonomía alejada del continente”.
La titular de Agricultura señaló las incertidumbres a las que se enfrenta el sector, entre las que se encuentran el Brexit, la posible disminución de las ayudas europeas, los aranceles de Estados Unidos o las adversidades meteorológicas cada vez más frecuentes, además de otras dificultades como el índice de precios origen-destino, donde el consumidor paga hasta cuatro veces más por el producto de lo que recibe el agricultor, o la pérdida de rentabilidad. En este contexto, enumeró las líneas de actuación que han impulsado tanto el Gobierno de España como el canario: “Desde el Ministerio se han tomado medidas urgentes, por un lado, la modificación de la cadena alimentaria, haciéndola más restrictiva en determinadas cuestiones y, por otro, mejorando las bonificaciones al sector en las cuotas de contingencias comunes y los cambios de contratos de temporales a indefinidos, entre otras. Con las medidas urgentes y la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria se aumentará el control de los contratos y se evitará el fraude en los lineales en cuestiones como el etiquetado y las normas de calidad”.
En este sentido, apuntó que “en Canarias hemos tomado la iniciativa, de la mano de las organizaciones agrarias, en la defensa vehemente de las ayudas europeas como el Posei y el PDR, con un intenso trabajo en Europa para proteger nuestra condición de RUP y el reajuste con los REA, orientado a favorecer la producción local. Se antoja prioritario utilizar el REF agrario como instrumento para reducir costes. También tenemos en este horizonte de prioridades el Pacto Verde Europeo, para el que pedimos el mismo trato con terceros países, también en materia fitosanitaria, en derechos laborales de las personas del sector y en la defensa medioambiental”.
Siguiendo la línea argumental, la consejera de Agricultura puntualizó que otro de los ejes de actuación gravita en la disminución de los costes de producción, “dado que desde la administración podemos favorecerlo incidiendo más en las líneas de modernización de las explotaciones del PDR de cara a conseguir empresas más eficientes y con menos gastos; reforzar la formación de los jóvenes, y aumentar las partidas destinadas a las subvenciones de seguros, tal y como se refleja en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con un incremento que llega hasta los 3,4 millones”.
Vanoostende reiteró que “las actuaciones también tienen como objetivo mejorar la calidad y disponibilidad del agua, y es por esta razón que hemos dedicado tres millones más que el año pasado al establecimiento de redes de riego en las islas, además de la preparación de los informes sobre el impacto de la sequía en los distintos subsectores”.
La consejera ponderó “el interés por la seguridad jurídica de las personas que trabajan en el sector, por ejemplo con el incremento financiero en directrices de ordenación del suelo agrario; la legalización de un mayor número de explotaciones ganaderas; el inicio de un Plan de Soberanía Alimentaria, que por primera vez cuenta con dotación presupuestaria para aumentar el autoconsumo; y las reuniones previas para la elaboración de un plan estratégico que evite el abandono de la viña”.
Como reflejo de las actuaciones promovidas a lo largo de esta legislatura, Vanoostende destacó que “se están estableciendo nuevos canales de comercialización que eviten cadenas alimentarias muy largas, tomando como ejemplo los proyectos de Ecocomedores y Crecer Juntos, a lo que hay que sumar el papel de GMR como plataforma logística, y por supuesto, la modernización de la administración publica como engranaje esencial de todas las líneas de acción”.
“Seguramente se requerirán más medidas para resolver un problema tan complejo como este. Necesitamos el compromiso de todos, desde los productores y las organizaciones agrarias hasta los distribuidores y consumidores; se trata de una prioridad y un compromiso de este gobierno”, concluyó.
