La web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias ha abierto la consulta pública previa para recabar la opinión de personas y organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura iniciativa reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), elaborada de forma conjunta entre las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. El plazo para realización de aportaciones finaliza el 20 de marzo de 2020.
La iniciativa normativa tiene como objeto acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y tiene como objetivos fundamentales llevar a cabo la ordenación del régimen de organización, funcionamiento y gestión de los PEF en Canarias, los requisitos de acceso y permanencia de las personas usuarias al mismo, fijar el plazo máximo de duración de la atención y las causas de finalización de la intervención, así como la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en los mismos.
El PEF es un recurso social especializado que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilite la relación de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás integrantes de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada, realizándose en los mismos un programa individualizado de intervención.
Más funciones
Con esta normativa, se pretende un concepto de PEF que no se limite, únicamente, a ser un medio para garantizar el cumplimiento de un concreto régimen de visitas impuesto por una autoridad judicial. Esta será una de las funciones a cumplir, pero, junto a ella, debe atenderse también a las derivaciones provenientes de los órganos administrativos que, en el ejercicio de su competencia en materia de tutela, asistencia y protección de niños, niñas y adolescentes, consideren necesaria una específica intervención familiar ante una situación de dificultad en este entorno.
Además, dado que la regulación de un recurso como los PEF tiene una clara incidencia de género, pues enlaza directamente con él ámbito de educación, cuidado y protección de las personas menores de edad, se propone una norma en la que la perspectiva de género actúe como un principio informador de todas y cada una de las intervenciones que se produzcan en el centro. Asimismo, se entiende que debe abordar también la realidad de la violencia machista.
Se estima igualmente necesario que profesionales del equipo técnico que actúen en los PEF cuenten con formación específica en materia de género desde posicionamientos que engloben el respeto y atención a la diversidad.
Según recoge el informe sobre la iniciativa, la necesidad de establecer Puntos de Encuentro Familiar, como recurso social especializado, deriva tanto de instrumentos normativos internacionales como de la propia legislación española y, específicamente, de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias.
No obstante, Canarias no ha desarrollado una regulación jurídica específica, como si acontece en otras Comunidades Autónomas, lo que ha generado importantes lagunas jurídicas que hacen necesaria una inmediata regulación normativa con el fin de acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales que, ante la importancia y trascendencia del recurso al que afectan, no pueden cubrirse con meras directrices o protocolos de actuación.
