El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno de Canarias de las resoluciones dictadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia durante el segundo semestre de 2019 para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de la legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, e informó de que en dicho período se han llevado a cabo 12 impugnaciones y cuatro desistimientos.
Las impugnaciones tienen que ver con actos o acuerdos del Cabildo de El Hierro y de los ayuntamientos de Garachico, Valleseco, Agulo, Mogán (2), La Orotava, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, Tejeda, Garafía y Los Silos. Además, se dieron cuatro desistimientos de las acciones jurisdiccionales de impugnación de actos o actuaciones de entidades locales al desparecer el objeto del proceso.
En virtud del Decreto 157/2011, de 16 de junio, el Gobierno delegó en la Viceconsejería competente en materia de administración local la competencia para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, según lo contemplado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
De conformidad con el artículo 48 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia asume las competencias en materia de administración local.
