Los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos (UGT, Intersindical Canaria, STAP Canarias y Comisiones Obreras) firman un comunicado de prensa conjunto en el que aseguran que el consistorio debe a sus empleados un total de 2,5 millones de euros «por atrasos salariales desde 2017, cumplimientos de sentencias desde 2015 y abono de conceptos sociales, también desde el año 2105». UGT, IC, STAP y CCOO convocaron el día 12 una asamblea general de trabajadores para «analizar esta delicada situación, así como para determinar las acciones a emprender en caso de que no haya reacción por parte de la administración local». A la asamblea fue invitado el Gobierno local, y acudió en su representación la concejala de Personal, Mercedes Vera.
La representación de los trabajadores solicitó que «la gestión política de personal se ejerciera en el ayuntamiento y no en los tribunales». A su juicio, «no es bueno ni para la administración ni para sus trabajadores que los desencuentros se diriman en los tribunales sino a través de la negociación». Para los sindicatos, «los tribunales son el último recurso y, desde hace años, se ha planteado como el único».
Mesa de negociación
El día 9 de diciembre se ha convocado una mesa general de negociación. Los sindicatos reconocen que la deuda «no es un problema generado por el actual gobierno (CC-Cs), aunque sí por todos aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno desde el año 2007».
«Unos más, otros menos, han sido responsables de la nefasta y errática gestión en materia de personal. Tal es así, que en la actualidad el ayuntamiento mantiene cinco sistemas retributivos diferentes. El principio de a igual trabajo, igual salario desapareció hace años del ayuntamiento. Restablecer una misma unidad salarial por categorías, grupos o funciones será altamente complicado, pero es lo justo y necesario», plantean.
La asamblea de trabajadores del consistorio icodense decidió por unanimidad que, en caso de que a fecha de 31 de diciembre del presente año no estén actualizadas las nóminas, así como reconocidas las prestaciones sociales y atrasos salariales desde el 2015, se comunicará estas irregularidades a la autoridad laboral competente y a la Seguridad Social, «entre otras acciones por determinar».
Fuente: El Día
