El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la realización del gasto que conlleva las aportaciones dinerarias que se conceden a las corporaciones municipales para financiar las distintas líneas de pobreza financiadas a los ayuntamientos en las áreas de los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado de Servicios Sociales, el programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, programas de ayuda para evitar el riesgo en las familias y la infancia y el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias. Serán más de 38 millones de euros destinados a proporcionar la financiación básica de programas destinados a la población más vulnerable.
Plan Concertado y PCI
Las áreas de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos recibirán un importe global que asciende a 19.641.028 euros, dos millones más que en 2018, de los cuales6.909.857 euros se destinará a la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, PCI.
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios, proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación, para dar continuidad a la realización de una serie de programas que vienen siendo llevados a cabo por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria.
Es objeto del citado protocolo distribuir los créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, con el objetivo de dar continuidad a los Programas que viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.
El Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales constituye el pilar básico del sistema de protección social, constituyendo la red de servicios sociales de gestión local.
Estos recursos están dirigidos a toda la población y entre sus objetivos están el de informar y orientar sobre derechos y recursos; realizar prevención e inserción social y familiar; prestar ayuda a domicilio a personas y familias que padecen situaciones que lo requieren; dar prestaciones de alojamiento y convivencia a las personas sin hogar. También incluye prestaciones específicas a colectivos, se financian los centros de servicios sociales, centros de acogida, centros de día o centros ocupacionales de titularidad de las corporaciones locales.
Por lo que respecta a las prestaciones básicas de servicios sociales, se autoriza el gasto de la transferencia del Estado por un importe de 12.000.000 euros para dar continuidad a la realización de una serie de programas que vienen siendo llevados a cabo por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria. Hay que recordar que la Comunidad Autónoma debería haber recibido el año pasado 30 millones de euros para la lucha contra la exclusión social, pero a fecha de hoy solo han sido ingresados estos 12 millones.
Estos 12 millones serán distribuidos entre los ayuntamientos de Canarias a través de un protocolo con la FECAM con la finalidad de implementar y reforzar actividades enmarcadas en las prestaciones básicas de servicios sociales, centradas en el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias, que serán distribuidos de acuerdo al protocolo general de actuación suscrito entre la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios.
Los equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y los centros y servicios de día contarán con un importe total de 5.854.870 euros, que se repartirá entre los municipios se ha realizado de acuerdo al protocolo adicional, incluido en el acuerdo suscrito en 2015, entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la distribución de créditos entre los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Según la actual Ley de protección integral del menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.
En la atención integral a los menores, tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir las posibles situaciones de riesgo, así como las graves carencias que menoscaben su desarrollo. Las administraciones públicas deberán velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.
Las administraciones públicas canarias, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán y fomentarán las actuaciones preventivas que, en el marco de lo establecido en la Ley, se determinen en los planes y programas de servicios sociales y, específicamente, en aquellos que tengan por objeto la atención integral a los menores.
Como recurso preventivo prioritario se establecerán programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.
También se ha aprobado la petición de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de disponer 800.000 euros para financiar proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia, con la finalidad de poder gestionar subvenciones a distintas entidades del Tercer Sector de Acción Social con cargo a la línea de financiación del Estado de Proyectos Sociales de Apoyo a la Familia e Infancia, acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en virtud de la cual correspondió a la Canarias la cantidad de 3.061.462 euros.
Este crédito irá destinado a financiar proyectos de intervención social y prestaciones económicas que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, con especial atención a las familias con tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monomarentales.
