Todos los grupos del Parlamento de Canarias han aprobado este martes por unanimidad la nueva ley de Servicios Sociales, una norma de última generación con la que se dará un salto de gigante al considerar esta materia como un derecho universal y subjetivo de cada ciudadano.
La nueva ley sustituirá a la única norma en esta materia con la que hasta ahora se han regulado los servicios sociales en Canarias, que data de 1987, y entre sus disposiciones figura la que contará con una financiación superior a los mil millones de euros en un plazo de doce años.
También se estipula que en un año el Gobierno de Canarias deberá articular un plan contra la exclusión social para erradicar la pobreza, con especial atención a la infantil, y en 18 meses se deberá asimismo regular una renta básica para la ciudadanía.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, intervino para agradecer la enorme labor que han hecho los ponentes de ley al elaborar una norma que da oportunidades a quienes han perdido todo, y ese es «el único motivo por el que estamos aquí».
La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo celebró el hecho de que hoy es un día histórico porque Canarias se ha dotado de una ley que viene a sustituir la primera y única con la que se han gestionado los servicios sociales hasta ahora en el archipiélago, que data de 1987 y que había quedado «manifiestamente obsoleta».
Pero la nueva ley ha supuesto un trabajo «arduo» por parte de los ponentes de la comisión porque el primer texto remitido por el Gobierno de Canarias «era pésimo, nefasto, malo de solemnidad» ya que no contenía ni ficha financiera, y por ello ha habido que darle «la vuelta como a un calcetín».
El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, se congratuló de que la nueva ley aproxima la gestión en esta materia a los municipios y aclara las competencias, al tiempo que recordó que la población está cada vez más envejecida y no hay suficientes centro sociosanitarios.
Sin embargo la nueva ley regulará aspectos «para todos», exclusión social, dependencia, diversidad funcional, víctimas de violencia machista e infancia.
Luis Campos, de Nueva Canarias, se congratuló de lo que calificó de ejercicio de «parlamentarismo», pues ha primado el consenso «para poner a las personas por delante”, y aseguró que la aprobación de la ficha financiera será “clave para evitar que la nueva ley sea un fracaso”.
Además la norma incluirá medidas de cofinanciación para “hacer justicia” a cabildos y ayuntamientos y así aliviar la carga económica que soportan las corporaciones locales en esta materia.
Asimismo, dijo que el catálogo de prestaciones que prevé la ley es «potente» y se sitúa entre los más avanzados del Estado, por lo que ahora hay que confiar en la voluntad política para que se lleve a efecto.
Teresa Cruz, del grupo Socialista, subrayó que esta no es la ley del Gobierno presidido por Fernando Clavijo sino la de todo el Parlamento para todos los ciudadanos, y negó que la norma anterior fuera asistencialista, pues lo que ocurrió es que no se llegó a desarrollar en su integridad.
De hecho, prosiguió Cruz, el PSOE promovió la primera norma y ha impulsado también esta segunda cuando estaba en el Gobierno regional porque era su prioridad, mientras que «otros» tenían «otras prioridades», y dijo que no podía agradecer ni felicitar a la actual consejera del área, Cristina Valido.
Elena Luis, del grupo Nacionalista Canario, subrayó la labor de consenso que ha imperado en la ponencia que ha elaborado la ley y se refirió a los aspectos que a partir de ahora quedarán delimitados, como el consejo canario de servicios sociales, las situaciones de urgencia en este ámbito y la posibilidad de que un ciudadano pueda reclamar a la administración por incumplimiento de este derecho.
Fuente: Agencia EFE
